Propuesta de APUNET:"Crisis Deliberada e Inducida" / Metodología del Salario Mínimo Vital (Consejo Superior de FAPUV)

San Cristóbal, 15 de Mayo de 2016

Con nuestro mayor respeto.

CONSEJO SUPERIOR  DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA (FAPUV) ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

CARACAS, 29 DE ABRIL DE 2016


“CRISIS UNIVERSITARIA INDUCIDA-DELIBERADA”

El Prof. José Hernán Montoya(APUNET),  expuso la presentación del trabajo elaborado por los profesores de APUNET: ....Hernán Montoya, Ixora Gutiérrez, y  Lilian Ruiz de Marcano, apoyado en la proyección de láminas explicativas de la premisa la Crisis Universitaria es  Inducida por....

En conclusión, las estrategias gremiales para desmontar esta “crisis universitaria inducida” deben estar dirigidas a propiciar en todas las estructuras universitarias un proceso de concientización, para ello conformar un gran frente, autoridades, gremios, sector estudiantil, egresados y la comunidad,  por el Rescate de la “Institucionalidad de la Universidad” centrada en el modelo mental de los valores universitarios, la visión y misión de la Universidad....

METODOLOGÍA DEL “SALARIO MÍNIMO VITAL”
(APUNET....  Plan de Acción. Recibido en Junta Directiva del 28-4-16)  

Toda la información en documento adjunto.


Junta Directiva de la APUNET

A continuación Informe: 

CONSEJO SUPERIOR

 DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE

 PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA (FAPUV)

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

CARACAS, 29 DE ABRIL DE 2016

CONTENIDO

SECCIÓN	PÁGINA
I.   CONVOCATORIA	3
II.  ACTO DE INSTALACIÓN	3
III. ASISTENCIA	3
IV. PROGRAMA	5
V.  DESARROLLO DE LAS PONENCIAS:       1. CRISIS, QUIEBRA Y DESCAPITALIZACIÓN              UNIVERSITARIA.           Prof. Omar Rodriguez       2. Crisis Universitaria Inducida -             Deliberada”           Prof. José Hernán Montoya       3. Informe comision especial de la              asamblea nacional           Prof. Robert Rodríguez	6 8 9
MESAS DE TRABAJO:. Mesas 1 y 2 (Fusionadas):   Balance del Conflicto Septiembre -  Diciembre 2015. Situación  actual de la Propuesta: MPPEU – FAPUV -  AVERU. Coordinador Profesor Samuel Pérez (APUCV) Mesa 3.  Lucha gremial en el contexto político. Coordinador: Profesor José Montoya (APUNET) Mesa 4.  Estrategias de lucha gremial. Coordinador: Profesor Virgilio Castillo (APULA)	17 23 24
VI. SALA PLENARIA	26
ANEXOS	27

I.CONVOCATORIA:

De acuerdo con los Artículos 19, 21 Y 22 de los Estatutos vigentes, la Junta Directiva de la Federación de  Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), en cumplimiento del Acuerdo Nº 7 de la reunión efectuada los días 30 y 31 de marzo de 2016, convocó a los miembros del Consejo Superior de la Federación para la Reunión Extraordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2016 a las 8:0O a.m., en el Auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), según la siguiente agenda: PUNTO ÚNICO A TRATAR: “SITUACIÓN NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL QUE VIVE EL PAÍS”. Posterior a esta convocatoria, se tuvo que trasladar su realización para la sede de FAPUV.

II.ACTO DE INSTALACIÓN.

El día 29 de Abril de 2016, siendo las 9 a.m. tomó la palabra el Profesor Omar Rodríguez, Vicepresidente de la Junta Directiva de FAPUV, quien, después de dar la bienvenida a los presentes, expuso: “Cumplo con informar que por razones de fuerza mayor no estará presente la Presidenta, Profa. Lourdes Ramírez de Viloria, en virtud de estar atendiendo problemas críticos de salud de un familiar. Asimismo, la Secretaria de Actas e Información, Profa. Keta Stephany, no podrá asistir por el sensible fallecimiento de su padre en esta misma fecha. En consecuencia, me corresponde presidir la reunión extraordinaria del Consejo Superior. Debo informar que de acuerdo con Acta levantada, no se ha alcanzado el quórum reglamentario. Una vez comprobado la falta de Quórum, se aplica el artículo 24 de los Estatutos, que establece lo siguiente: …..”Si una (1) hora después de la hora fijada para la Reunión no se ha completado el quórum, ésta se efectuará con el número de Miembros presentes, siempre y cuando ese número, primero, no sea inferior a un tercio (1/3) del total de Delegados del Consejo Superior y, segundo, que éstos representen a más de la mitad de las Asociaciones afiliadas a la Federación”.  Posteriormente, siendo las 10 a.m. el Prof. Omar Rodríguez expuso: Declaro formalmente instalado el Consejo Superior una vez alcanzado el quórum, como se demuestra en la lista de Profesores Asistentes al Consejo Superior convocado para la presente fecha, 29 de Abril de 2016, donde consta la asistencia de 41 profesores obteniéndose un 58% de asistencia entre representantes del Comité Ejecutivo y de catorce (14) Asociaciones de Profesores Universitarios afiliadas a FAPUV.

III.ASISTENCIA

COMITÉ EJECUTIVO FAPUV:
OMAR RODRIGUEZ MADRID	PRESIDENTE ENCARGADO
LUIS ESPINOZA	TESORERO
WILMA VILLEGAS DE MAC-LELLAN	SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS
MILDRED VALERA MARTINEZ	SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
JORGE NEGRETTE	SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
APUCV:
VICTOR MÁRQUEZ CORAO	PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
GREGORIO LOPEZ	DELEGADO PRINCIPAL
SAMUEL PÉREZ	DELEGADO PRINCIPAL
LISBETH ESAA	DELEGADO PRINCIPAL
GERARDO LUGO	DELEGADO PRINCIPAL
MARIBEL OSORIO	DELEGADO PRINCIPAL
APULA:
VIRGILIO R. CASTILLO B.	PRESIDENTE
OSCAR E. GUERRERO RAMÍREZ	DELEGADO PRINCIPAL
APUZ:
KARELYS FERNÁNDEZ	PRESIDENTA
GLADYS JOSEFINA LUCENA DE MARVAL	DELEGADO PRINCIPAL
GINNETTE AMALIA ARAUJO DE SOTO	DELEGADO PRINCIPAL
APUCLA:
DEBORAH VELÁSQUEZ DE VALECILLOS	PRESIDENTA
ROLANDO ORELLANA	DELEGADO SUPLENTE
EDUARDO CAMPECHANO	DELEGADO SUPLENTE
APUDO:
MANUEL CENTENO	DELEGADO PRINCIPAL
APUSB:
NORBERTO LABRADOR	PRESIDENTE
WILLIAN ANSEUME	DELEGADO PRINCIPAL
APUNET:
LILIAN RUIZ DE MARCANO	DELEGADO PRINCIPAL
HERNÁN MONTOYA	DELEGADO SUPLENTE
APUNESR:
DILIA BLANCO	PRESIDENTA
MYLVIA FUENTE	DELEGADO PRINCIPAL
ARGENIS HURTADO	DELEGADO PRINCIPAL
MARIA DOLORES PADRÓN	DELEGADO SUPLENTE
APAUNA:
JOSEFINA TUGUES	PRESIDENTA
APUNEFM:
GENARO VELÁSQUEZ	PRESIDENTE
APUNEG:
RAÚL NOEL BRITO PADILLA	PRESIDENTE
JESÚS ANTONIO BASTARDO ALIENDRES	DELEGADO PRINCIPAL
APROUPEL:
TOMÁS CRESPO MARTELL	DELEGADO PRINCIPAL
ALBERTO YEGRES MAGO	DELEGADO PRINCIPAL
JESÚS FIGUEROA	DELEGADO PRINCIPAL
DELIA BERRETTA	DELEGADO PRINCIPAL
APUNEXPO:
GONZALO MELÉNDEZ	PRESIDENTE
JUAN BECERRA	DELEGADO PRINCIPAL
GLADYS IZARRA	DELEGADO PRINCIPAL
APUNESUR:
LUIS E. TORRES	PRESIDENTE
ISMAEL PEDREAÑEZ	DELEGADO PRINCIPAL
TOTAL ASISTENTES:	41 PROFESORES REPRESENTAN EL  58%
INVITADOS ESPECIALES:
ABSALON MENDEZ	ASESOR DE SEGURIDAD SOCIAL FAPUV
LEON ARISMENDI	ASESOR JURIDICO FAPUV

Antes del cumplimiento del Programa, el Prof. Omar Rodríguez solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del Sr  Juan Stephany, el cual fue cumplido.

Seguidamente, el Prof. Omar Rodríguez expuso la necesidad de nombrar Director de Debate, quedando designada la Profa. Wilma Mac.Lellan, con la asistencia del Prof. Norberto Labrador; asimismo, fue designada Secretaria accidental la Profa. Josefina Tugues. A continuación, la Profa. Wilma Mac.Lellan dio lectura al Programa, el cual fue sometido a la consideración, acordándose los siguientes ajustes: los derechos de palabra se darán al final de las tres Ponencias,  la integración de tres Mesas, fusionando las 1 y 2, y la distribución del tiempo en función completar las actividades garantizando el derecho a la participación.

IV.PROGRAMA

  9:00 a 10:00 a.m.      ACTO DE INSTALACIÓN

·       Constatar quórum.

·       Lectura de Convocatoria y Agenda.

10:00  a 10:15 am         Palabras de salutación Presidente (Encargado) de la FAPUV  

                                         Profesor Omar Rodríguez.

10:15  a 10:30 am      PRIMERA PONENCIA:

Crisis, quiebra y descapitalización universitaria

 Profesor Omar Rodríguez – PRESIDENTE (ENCARGADO)

10:30  a 10:45 am      Refrigerio.

10:45 a 11.30 am       SEGUNDA PONENCIA:

Percepción política de la crisis Universitaria

Profesor José Montoya  (APUNET)

11: 30 a 12:00 m        TERCERA PONENCIA:

Informe comision especial de la asamblea nacional.

Profesor Robert Rodríguez (APROUPEL) SECRETARIO DE LA COMISION ESPECIAL.

12:00 a 12:30 pm       DERECHOS DE PALABRA.

12:30 a  1:00 pm        ALMUERZO

12:30 a  2:00 pm.       Mesas de Trabajo.

Mesas 1 y 2 (Fusionadas):   Balance del Conflicto Septiembre -  Diciembre 2015. Situación  actual de la Propuesta: MPPEU – FAPUV -  AVERU.

Coordinador Profesor Samuel Pérez (APUCV)

Mesa 3.  Lucha gremial en el contexto político.

Coordinador: Profesor José Montoya (APUNET)

Mesa 4.  Estrategias de lucha gremial.

Coordinador: Profesor Virgilio Castillo (APULA)

2:00  a 3:00  pm.        SESIÓN PLENARIA  

                       

V. DESARROLLO DE LAS PONENCIAS:

PRIMERA PONENCIA:   CRISIS, QUIEBRA Y DESCAPITALIZACIÓN UNIVERSITARIA.

El Prof. Omar Rodríguez expuso: Doy inicio a las actividades del Consejo Superior invitando a los participantes a mantener la mayor fraternidad en la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis universitaria en el marco de la situación nacional, caracterizada en documento producto de recopilación documental que me permito leer, el cual me fue solicitado por la Junta Directiva de FAPUV y aprobado en reunión del 28 de abril de 2016, titulado:

 “La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) garantiza el derecho a la educación. El Artículo 102 establece la educación como parte de los derechos humanos y deber social fundamental; a su vez la define como democrática, gratuita y obligatoria. El Artículo 103 consagra el derecho que tiene toda persona “a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. La realidad es que aún, como sociedad, no hemos alcanzado las metas ni siquiera en la educación primaria y la calidad  en la formación académica de nuestra juventud viene en franco deterioro. Las pruebas de admisión en las universidades ponen en evidencia las disparidades y la profunda  desigualdad en la distribución del acceso a los bienes culturales. Inclusive los estudiantes que logran ingresar en el sistema de educación superior presentan graves deficiencias en competencias y conocimientos como lengua y matemáticas, con lo que se evidencia el limitado aprovechamiento escolar.

Como generadora de conocimiento, la universidad venezolana debe ser escuchada y consultada por los órganos de poder nacionales, no sólo sobre su situación sino también en relación con los distintos temas de la agenda nacional y poder ocupar un papel central en el impulso del debate de los caminos a seguir en el país.

La universidad es un eje de cambio fundamental y necesario que atraviesa serias dificultades en su misión de dotar a la nación de conocimiento, ciencia y tecnología y poder así crear condiciones de desarrollo.

La producción científica, fuente del conocimiento que compartimos en las aulas, y que comunicamos a través de los canales regulares, muestra un descenso por falta de financiamiento en la infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación, así como también de la ausencia de una concertación real entre la política nacional de Ciencia y Tecnología y los verdaderos actores universitarios. Aun así, siguen siendo las universidades los espacios donde más se hace investigación científica en el país.

La situación actual del país ha devenido en las universidades en el éxodo de sus académicos, investigadores y estudiantes y la ha llevado al borde de la quiebra y al cierre técnico. Estas dificultades derivan de políticas gubernamentales erradas y orientadas a la restricción de la autonomía, a la asfixia presupuestaria y a la precarización del trabajo académico.

La infraestructura de las universidades nacionales no resiste la más leve inspección de cualquier organismo de regulación. Se está comprometiendo con esta situación la seguridad de los usuarios ante cualquier evento de la naturaleza.

Los beneficios sociales para los estudiantes (becas, comedores, transporte, seguro de salud etc.) se encuentran en total crisis y son insuficientes y de muy poca calidad.

La inseguridad, como en todo el país, ha penetrado los espacios universitarios, lo que ha generado pérdida progresiva de las actividades del diario acontecer universitario.

La profesión docente ha sido degradada por los bajísimos salarios devengados en la actualidad y que no cubren las necesidades básicas, producto de las políticas erradas que no priorizan la misión académica que le es inherente.

El sistema de previsión y seguridad social del sector universitario no escapa de la crisis que vive el país, a pesar de que fue creado para garantizar el derecho a la salud, contemplado en los Artículos 83 y 84 de la Constitución Venezolana. Los déficits crecientes han debilitado la verdadera protección que debía ofrecer, y la reducción de recursos y el deterioro del salario han tenido graves consecuencias.

La discriminación de la que han sido víctimas los profesores universitarios en los montos de los seguros de salud y maternidad (HCM) y otros beneficios, en comparación con otros sectores, ha deteriorado, no sólo el poder adquisitivo sino también la calidad de vida del sector. Se hace necesaria una sinceración en los montos otorgados, un presupuesto digno, suficiente y acorde con la realidad inflacionaria del país, que permita a las universidades  cumplir y garantizar la protección de su personal.

FAPUV ha adelantado acciones jurídicas y de movilización con el propósito de lograr que se le dé un trato digno a sus agremiados y a todo el conglomerado que hace vida en las universidades, y poder así apuntalar hacia el  verdadero desarrollo del país.

El oficio docente, tan degradado en los últimos tiempos enfrenta una de sus más graves crisis y la indiferencia gubernamental y el no oír las propuestas del profesorado para la solución a esos problemas, lo que crea una mayor incertidumbre hacia el futuro y las posibilidades de lograr terminar con tan grave situación, lo que la hace más crítica y aleja las soluciones ante la QUIEBRA y DESCAPITALIZACIÓN de la Universidad. 

Por todo lo anterior a los profesores no nos queda otro camino que declarar a la Universidad en EMERGENCIA”.

SEGUNDA PONENCIA:   “Crisis Universitaria Inducida-Deliberada”

El Prof. José Hernán Montoya(APUNET),  expuso la presentación del trabajo elaborado por los profesores de APUNET: Pedro Morales, Hernán Montoya, Ixora Gutiérrez, y  Lilian Ruiz de Marcano, apoyado en la proyección de láminas explicativas de la premisa la Crisis Universitaria es  Inducida por el régimen por el papel fundamental de la Universidad   en la generación del conocimiento, base de la libertad y su rol en la formación de los profesionales en quienes descansa el desarrollo de la sociedad. (Ver Presentación Anexos).

Para contrarrestar este plan se proponen dos herramientas fundamentales:

1)     Los 45 minutos de clase con sus estudiantes, donde debería dedicar un tiempo prudencial para concienciar a los estudiantes, sobre los orígenes de esta crisis inducida,

2)     El conocimiento, debido a que el  modelo de Universidad como generadora del conocimiento intenta ser suplantado por un nuevo modelo de “ideologización – repetición del conocimiento”.

En conclusión, las estrategias gremiales para desmontar esta “crisis universitaria inducida” deben estar dirigidas a propiciar en todas las estructuras universitarias un proceso de concientización, para ello conformar un gran frente, autoridades, gremios, sector estudiantil, egresados y la comunidad,  por el Rescate de la “Institucionalidad de la Universidad” centrada en el modelo mental de los valores universitarios, la visión y misión de la Universidad.

(Ver Presentación en Anexo)

TERCERA PONENCIA

INFORME FINAL DE LA  COMISIÓN ESPECIAL ASAMBLEA NACIONAL PARA EL SECTOR UNIVERSITARIO – MARZO DE 2016

El Prof. Robert Rodríguez expuso  los antecedentes desarrollados en el citado Informe: “Durante la sesión ordinaria del jueves 14-01-16, la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una Comisión Especial para atender la crisis que atraviesan las universidades públicas del país, con el objeto de abordar el tema en conjunto con las autoridades universitarias, federaciones de estudiantes, de profesores, de empleados administrativos y profesionales y todos los sectores que integran la comunidad universitaria. La propuesta fue realizada por el Bloque de la Unidad Democrática (BUD) lo que aseguró que su mayoría parlamentaria hoy le haga justicia a un importante sector de la vida nacional. La comisión quedó presidida por el diputado Enrique Márquez (MUD/Zulia) y Miguel Pizarro (MUD/Miranda) como vicepresidente, se designó como Secretario al profesor Robert Rodríguez Raga. Dicha Comisión tiene el mandato de: “…prolongar el debate a la comunidad universitaria convocando a todos los sectores a esta Asamblea Nacional para que presenten soluciones constructivas en función de las universidades”.

Esta Comisión tiene su fundamento en el Artículo 42 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que dispone que “la Asamblea Nacional podrá crear comisiones especiales con carácter temporal para investigación y estudio, cuando así lo requiera el tratamiento de alguna materia…”, siendo que es deber de las mismas entregar un Informe, en el cual se recojan todos los aspectos inherentes a las investigaciones y funciones realizadas, el cual se elevará para su conocimiento y aprobación por la plenaria de la Asamblea Nacional y conforme al artículo 47 ejusdem, “…deberá concluir con el proyecto de ley, acuerdo o resolución a que se contrae, o con la proposición sobre el destino que, a juicio de la Comisión, debe dársele…”. De igual manera, la comisión emprendió su trabajo conforme a las a las facultades de control que sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional posee la Asamblea Nacional, previstas en el Artículo 187 numeral 3 de la CRBV.

Una vez cumplidas las consultas y derechos de palabra, investigaciones y visitas a diferentes Instituciones Universitarias,  se cumplieron los procesos de análisis e integración de resultados y elaboración del Informe para su presentación en la Asamblea Nacional.

La importancia atribuida por esta AN al sector universitario en este preciso momento histórico, constituye de por sí una reivindicación y un reconocimiento a uno de los sectores más afectados por las políticas gubernamentales de los últimos años. Los valores, principios y prácticas propias de la dinámica universitaria, en la que prevalecen la irreverencia, el ejercicio perenne de la crítica y el inconformismo existencial, siempre ubicarán a las universidades en una relación de incomodidad con el poder. Pero lo que ha ocurrido durante los últimos años en Venezuela con las universidades públicas, va más allá de toda incomprensión. Estas instituciones han sido hostigadas permanentemente y sus principales dirigentes, estudiantiles y gremiales, convertidos en objetivos de la sospecha y el hostigamiento policial. Desde 1999 se impusieron, además, las tesis oficiales del “Rechazo al Pasado” y “el Nuevo Comienzo”, a partir de las cuales se asumió que toda la institucionalidad social venezolana podía y debía cambiarse o eliminarse, sin alternativa a la función social que desempeñara, trayectoria o aportes sociales. Tal concepción, junto a la bonanza petrolera del momento, motivó al gobierno la creación o reformulación de las instituciones universitarias antiguas pero sin autonomía, como la UNEFA, a las que se les cambió básicamente el nombre y se un sistema universitario paralelo que ciertamente expandió la matrícula pero del que no ha sido posible conocer con certeza sus frutos ya sea en investigación, aportes tecnológicos, extensión o proyección profesional de sus egresados. El asunto es que el gobierno al no poder controlar políticamente a las universidades nacionales las acorraló hasta llevarlas al borde del colapso, con la descapitalización de su patrimonio intelectual y la depauperación de las condiciones laborales de profesores y trabajadores administrativos, técnicos y obreros, a los que se les ha llevado hasta el límite de la subsistencia, siendo éste, precisamente, uno de los más activos focos de conflicto laboral en Venezuela. Pero además de ello, el efecto perverso de la política oficial dirigida contra las universidades se traduce en el colapso de la infraestructura que hoy presenta la mayoría de las universidades y en el atraso tecnológico de su equipamiento. Está claro que la estrategia de repetir presupuestos, asignar partidas y auxilios deficitarios y concentrar el presupuesto en el pago de salarios y providencias estudiantiles insuficientes, ha terminado quebrando a la educación universitaria pública.

Pero la confrontación con las Universidades no cesa allí. El Poder Judicial ha impedido la renovación democrática de las autoridades universitarias en todos los niveles con lo cual se ha creado en algunos casos, una evidente situación de ingobernabilidad, y en todos, una situación de desgaste de las autoridades electas, algunas hasta con 10 años en su ejercicio. Paradójicamente, el modelo impuesto a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE), de una supuesta participación igualitaria de todos los sectores, tampoco se ha podido aplicar en las llamadas “Universidades Bolivarianas” creadas por el gobierno, porque el modelo predominante en ellas ha sido más bien el discrecional nombramiento y remoción de autoridades. En este sentido, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), en el documento consignado a esta Comisión el 20/01/2016, llega a indicar que, en materia educativa, cada vez es mayor la brecha entre lo que establece la CRBV y lo que ocurre en la realidad. “Mientras que la CRBV garantiza el derecho a la educación. El Artículo 102 establece la educación como un derecho humano y un deber social fundamental, y la define democrática, gratuita y obligatoria y el Artículo 103 consagra el derecho que tiene toda persona “a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”; la realidad es que aún, como sociedad, no hemos alcanzado ni siquiera la enseñanza primaria universal, y la calidad de la formación académica de nuestra juventud viene en franco deterioro. Las pruebas de admisión de las universidades ponen crudamente en evidencia que son cada vez mayores las disparidades y se profundiza la distribución desigual del acceso a los bienes culturales. Inclusive aquellos estudiantes que logran ingresar en el sistema de educación superior vienen con graves lagunas en competencias y conocimientos claves, como lengua y matemáticas, lo que evidencia un aprovechamiento escolar limitado.

De allí la necesidad de prestarle a la educación en Venezuela toda la atención que requiere para lograr: 1. La realización del principio de que, independientemente del lugar en que se nace, se vive y se estudia, todos puedan acceder a un mismo y elevado nivel educativo en nuestro país. 2. Que la Universidad ocupe el papel central para el desarrollo que demanda nuestra realidad nacional y nuestro entorno internacional”.

Es en este contexto que la AN asume el compromiso y mandato constitucional de convocar a todos los sectores de la universidad venezolana para iniciar un constructivo intercambio que propicie la solución de muchos de sus problemas. Sin embargo, ante esta realidad la respuesta del gobierno va en la dirección contraria: No participa en el debate, ni permite que los actores principales de las llamadas Universidades Bolivarianas, organizaciones estudiantiles y profesorales, expongan ante esta comisión sus verdades y dudas, sus problemas y expectativas”.

Seguidamente, el Prof. Roger Rodríguez expuso las  siguientes  Conclusiones y Recomendaciones de  la Comisión Especial de  la Asamblea  Nacional:  “ Después de la revisión de los más importantes nudos críticos del sector universitario y del encuentro productivo con sus más variados representantes, nos permitimos presentar las siguientes recomendaciones de modo conclusivo: (Nota:  copia  textual del  documento aprobado)

1. Aprobar un nuevo instrumento jurídico que norme al sector universitario conforme a los principios de autonomía contenidos en la CRBV, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, considerando que en el Artículo 35 de la LOE (2009) se dispone el mandato de crear una nueva normativa, destinada al sector universitario, que permita hacer frente a las realidades y necesidades del mismo. En efecto, dicha norma dispone: “Artículo 35: La educación universitaria estará regida por leyes especiales (Todas en MORA) y otros instrumentos normativos en los cuales se determinará la forma en la cual este subsistema se integra y articula, así como todo lo relativo a: 1. El financiamiento del subsistema de educación universitaria (sic) (SUPERIOR). 2. El ingreso de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la equidad en el ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo de los cursos académicos. 3. La creación intelectual y los programas de postgrado de la educación universitaria. 4. La evaluación y acreditación de los miembros de su comunidad, así como de los programas administrados por las instituciones del sistema. 5. El ingreso y permanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones constitucionales para el ingreso de funcionarios y funcionarias de carrera(SIC), así como con las disposiciones que normen la evaluación de los y las integrantes del subsistema. 6. La carrera académica, como instrumento que norme la posición jerárquica de los y las docentes, así como de los investigadores y las investigadoras del sistema, al igual que sus beneficios socioeconómicos, deberes y derechos, en relación con su formación, preparación y desempeño. 7. La tipificación y los procedimientos para tratar el incumplimiento de las disposiciones que en materia de educación universitaria están previstas en esta Ley y en las leyes especiales. 8. La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas para ello.

Igualmente se contempla en la Disposición Transitoria Segunda de esta LOE (2009) que al año siguiente de dictada la misma, debían dictarse las leyes especiales, entre ellas, las que rige el sector universitario, mandato éste que por tanto debió materializarse en el año 2010, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo, siendo por tanto deber de esta Asamblea Nacional electa, cumplir con este mandato y proceder a la aprobación de la normativa legal del caso, que necesariamente deberá ser materializada a través de la aprobación de una Ley Ordinaria, que desarrolle los mandatos y principios establecidos en la Ley Orgánica que le sirve de marco normativo, esto es, la Ley Orgánica de Educación, conforme a lo previsto en el artículo 203 d la CRBV.

Esta nueva ley de Educación Superior contemplaría de forma particular entre otros los siguientes aspectos:

·Que todos los docentes que hayan ingresado por concurso así como todos los estudiantes regulares puedan participar en la elección de las autoridades rectorales sin que exista diferencia numérica entre sectores. Cada sector (Estudiantes, Profesores, y Egresados) participaría equitativamente como establece el 109 de la CRBV., considerando la participación de trabajadores administrativos y obreros en tales elecciones dentro del debate como parte esencial de la comunidad universitaria.

·Que dé cabida a la figura de los trabajadores de servicio y empleados administrativos en los Consejos Universitarios, y en las materias que los afecten directamente, en los órganos correspondientes de la gestión universitaria.

·Que contemple el principio de la evaluación permanente de la gestión académica, sus resultados y la vinculación con los costes y/o recursos consumidos, incentivando la cultura de rendición de cuentas y resultados como criterio de calidad y eficiencia.

·Elaborar un marco normativo tributario que incorpore el compromiso ciudadano tributario de los egresados de las universidades públicas, como parte de sus responsabilidades ciudadanas, para contribuir al desarrollo de estas instituciones. Comisión Especial Asamblea Nacional para el Sector Universitario 2016 51

·Que permita a las Instituciones de Educación Superior procurar fuentes propias de financiamiento (Doctrina Bolívar- Vargas: Estatutos Republicanos)

·Que propicie la diversificación de las fuentes de financiamiento del sector universitario a efectos de no depender exclusivamente del presupuesto nacional.

2. Sincerar y derivar gastos recurrentes calculados como presupuesto universitario, apuntamos la necesidad urgente de que el Ejecutivo de gobierno incremente el presupuesto aprobado para este año 2016 y en lo sucesivo, de acuerdo a las necesidades técnicas planteadas por la universidades. El gobierno debe someter a revisión inmediata igualmente la metodología aplicada por OPSU para el cálculo de dichos presupuestos, garantizando el funcionamiento y justo tratamiento de las necesidades así como el efectivo control y rendición de cuentas. Para contribuir con el mejor uso de los recursos asignados se exige al ejecutivo la derogatoria o modificación del decreto 2.198 sobre compras centralizadas, que hace aún más difícil y burocratizado la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las universidades. Es urgente la elaboración y presentación en conjunto de las Universidades y el ejecutivo nacional de un plan especial de inversión, recuperación y adecuación de la planta física y equipamiento de las instituciones universitarias. De manera progresiva se debe consultar, diseñar y consolidar un Sistema de Seguridad Social de los Trabajadores Universitarios que cumpla con los derechos adquiridos y sea sustentable y sostenible en el tiempo. Existen numerosos trabajos de expertos que aportan valiosa opinión al respecto y coinciden en muchos aspectos independientemente de su postura ideológica

3. Activar y coordinar un gran debate y consulta nacional sobre los pasivos laborales y el Sistema de Seguridad Social de los Trabajadores universitarios y en general de los trabajadores venezolanos, vista la grave mora y vacío existente. La crisis económica y productiva actual es una oportunidad para permitir a las universidades manejar cualquier cantidad de empresas y explotaciones económicas de todos los sectores económicos, abandonadas e improductivas que se encuentran en manos del estado o de particulares..

4.   Propiciar la reforma de la LOCTI con el propósito de que las universidades puedan, junto a las empresas públicas y privadas del país desarrollar Ciencia y Tecnología para poner al servicio del país en todos los campos que de manera urgente ameritan atención, logrando que tal cual lo establecía dicha Ley en sus versiones y doctrina originales, permitan a las instituciones científicas y universitarias nuevamente captar directamente recursos del sector productivo público y privado para invertir en la investigación científica y tecnológica. Descentralizar estos recursos del FONACYT quién de manera arbitraria ha terminado monopolizando el sector privilegiando financieramente lo que un reducido grupo considera debe ser investigado u objeto de conocimiento, causando grave perjuicio a la producción científica del país desde que se produjo tal centralización y una importante e irrecuperable pérdida de recursos humanos en investigación migrados a otros países o sectores privados, tal como lo señalan informes regionales de la UNESCO y otros organismos en esta materia.

5. Para poder realizar elecciones democráticas y libres en las instituciones universitarias venezolanas se propone reformar parcialmente la vigente LOE en su Artículo 34 con el fin de ajustarlo a lo establecido como principio de autonomía en el Artículo 109 de la CRBV. Tal reforma se propone ante la AN en virtud de lo establecido en los Artículos 203 y 218 en cuanto a la potestad del Poder Legislativo de modificar las leyes orgánicas a través de reformas totales o parciales. Esta reforma permitiría evitar el actual control político del Tribunal Supremo de Justicia sobre la autonomía universitaria, quién so pretexto de interpretación de dicho artículo 34 LOE ha impedido de manera política la renovación democrática de las autoridades universitarias en todos las universidades nacionales y en todos los niveles de la gerencia universitaria, con lo cual se ha creado en algunos casos, una evidente situación de ingobernabilidad, y en todos, una situación de desgaste de las autoridades electas, algunas hasta con 10 años en su ejercicio. Paradójicamente, el modelo impuesto a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE 2009), de una supuesta participación igualitaria de todos los sectores, tampoco se ha podido aplicar en las llamadas “Universidades Bolivarianas” -creadas sólo de nombre la mayoría- y controladas por el gobierno, algunas hace 15 años, por el contrario el modelo predominante en ellas ha sido más bien el discrecional nombramiento y remoción de autoridades haciendo uso de nefastas y muy antiguas prácticas autoritarias contra la institución universitaria.

6.  Oficiar al MPPEU, (MPPTTPST, Defensoría y Procuraduría) sobre una respuesta inmediata y urgente a la firma definitiva de la II CCU (2015-2016) que en teoría tiene una duración de dos años, con vigencia hasta el 2016 y aún no ha sido homologada por el Ejecutivo, dado que tal situación viola el derecho a la contratación colectiva.

7. Tramitar ante las instancias correspondientes los casos presentados de desconocimiento de leyes y tratados internacionales sobre el derecho a la libre asociación de los trabajadores, la legitimidad de las organizaciones gremiales y sindicales desconocidas por el ejecutivo nacional durante los últimos años, por otra parte investigar la creación de sindicatos paralelos patronales como práctica que ha deteriorado aún más la situación dentro de la universidades.

8. Exigir al Ejecutivo Nacional el inmediato cumplimiento de los acuerdos para la tregua alcanzada en Noviembre de 2015 con FAPUV en presencia de AVERU, para producir la reanudación de las actividades docentes de aula en las universidades nacionales, interrumpidas por el proceso excluyente de negociación de la II CCU que produjo el ejecutivo. Para toda la comunidad universitaria el ejecutivo se comprometió a enviar los recursos de manera inmediata para a hacer posible las condiciones de funcionamiento de la universidad: planta física, equipamiento, servicios y bienestar estudiantil Tales acuerdos para el sector profesoral incluían como principio de no discriminación: la prima de Antigüedad como la poseen todos los trabajadores universitarios, , el respeto a la interescala salarial, la instalación en el mes de marzo de la Comisión de Seguimiento de la II CCU para revisar entre otros aspectos la aplicación de la cláusula de Contingencia que permitiría ajustar el salario de los universitarios previendo la grave inflación de este año 2016 y 2017.

9. Remitir a las instancias correspondientes las denuncias recibidas por parte de los trabajadores universitarios en materia de violación del derecho a disfrutar de la pensión del Seguro Social. Los trabajadores no pueden ser responsables de las fallas burocráticas que se encuentren presentes tanto en las universidades como en el MPPEU y el SSO. Este  derecho constitucional se puede garantizar a través de un decreto único del ejecutivo que permita resolver los casos que presentan algunas universidades con sus trabajadores.

10. Ordenar a la Comisión Permanente de desarrollo Social de la AN la realización de un estudio jurídico que permita establecer si se ha respetado la progresividad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores a través de las contrataciones colectivas y decretos ejecutivos de aumento y otros beneficios socioeconómicos de los trabajadores universitarios en los últimos 15 años.

11. Exigir al Ejecutivo Nacional que reconozca la vigencia y validez de las Normas de Homologación como mecanismo de dignificación salarial de los universitarios, así como todos los instrumentos y acuerdos que beneficien y mejoren al trabajador.

12. Dirigir comunicación pública al Ejecutivo Nacional a fin de que en lo inmediato se atienda la grave situación de los Servicios de Bienestar Estudiantil de todas las Instituciones de Educación Superior, situación que amerita extrema prioridad dentro del conjunto de planteamientos que derivan de esta Comisión, basados en los informes técnicos de sus propias instancias y de las Instituciones de Educación Universitaria, así como con las denuncias debidamente fundamentadas recibidas en esta Comisión.

13. Remitir a la Comisión permanente de Desarrollo Social de la AN una propuesta para generar un marco normativo permanente sobre la atención y protección social del estudiante venezolano en todos sus niveles, que derive en una LEY DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. Con esta ley se reivindicarían los logros históricos del movimiento estudiantil venezolano asumiendo el mandato constitucional de garantizar el acceso a la educación de calidad para todos y la permanencia y culminación satisfactoria de la formación en el sistema educativo conforme a los principios de equidad e igualdad de oportunidades y derechos; todo lo cual será posible sólo con una adecuada protección social y económica del estudiante.

14. Remitir a la Comisión permanente de Política Interior Justicia y Paz de la AN, una solicitud de revisión del marco jurídico nacional relacionado con la preservación de la seguridad en los recintos universitarios a fin de formular los instrumentos legislativos necesarios para garantizar la seguridad interna y la Autonomía de nuestras universidades

15. Exigir al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a que formalice la creación y fundamentación de la instancia coordinadora de las políticas de seguridad en los recintos universitarios.

16.  Exigir al Ministerio Público la activación de los mecanismos institucionales correspondientes para enfrentar la situación de violencia e impunidad contra la integridad de los universitarios y el patrimonio de las universidades.

17.  Exigir al Estado venezolano la garantía de la seguridad de la comunidad universitaria, sujeta a la asignación de los medios y recursos necesarios como apoyo a cada una de las Casas de Estudio del país.

18. Recomendar a las universidades del país la estructuración de un Sistema de Seguridad Integral en el contexto de sus necesidades prioritarias, estimando los costos para su diseño e implementación, coordinados con el ejecutivo de gobierno a través de las instancias correspondientes.

19. Brindar atención y seguimiento a través de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN de los casos y de los Sistemas de Seguridad Integral propuestos por las universidades del país para la adjudicación de créditos para su diseño e implementación.

20. Consignar el Proyecto de la LOCTI recibido en esta Comisión Especial a las instancias correspondientes de la AN para su impulso definitivo.

21.  Mantener el trabajo de promoción y coordinación del debate público, seguimiento de las propuestas presentadas en este informe y acompañamiento del Sector Universitario en  Venezuela. En este sentido se desarrollará una agenda que permita concretar las directrices de este informe. A través de las Comisiones correspondientes de esta AN.

22. Se exhorta a las universidades a optimizar los mecanismos de representación de todos los sectores de la universidad y la organización interna de las instituciones, que permitan dar respuestas a las demandas una universidad. democrática, participativa y moderna.

23. Renovar la representación de la AN ante el CNU (Consejo Nacional de Universidades) y todos las instancias del sector universitario donde el poder legislativo tenga presencia.

24. Exhortar al CNU y al resto de las instancias gubernamentales del sector universitario a renovar las representaciones profesorales y estudiantiles, a fin de preservar su legitimidad y fortalecer la institucionalidad de los mismos.

25. Un tema de especial interés para esta comisión es el de la autonomía universitaria, la cual se encuentra claramente establecida en el Artículo 109 de la CRBV, donde se establece que las universidades experimentales también podrán alcanzarla, conforme a los parámetros establecidos en la ley. El caso es que todavía hoy se constata la existencia de instituciones universitarias de gran alcance, trayectoria y prestigio, ancladas en su experimentalidad después de décadas de probada excelencia académica. En efecto, las universidades experimentales han demostrado por décadas su “funcionalidad” y constituye un flagrante atropello que hoy en día se encuentren administradas no bajo parámetros académicos, sino político-partidistas de turno. El Ejecutivo Nacional es quien designa sus autoridades en la mayoría de ellas, pese a que fueron las Universidades Experimentales las primeras en Venezuela en elegir por voto directo a sus autoridades. El Ejecutivo en muchos casos interviene sobre su presupuesto, sobre personal, dictamina sus planes de estudio, etc., lo cual en nada propende a la autonomía que deben lograr las mismas, tal como lo dispone el propio Artículo 10 de la Ley de Universidades vigente. Es por ello que esta AN asume apoyar el proceso de institucionalización de la autonomía de las Universidades Experimentales (especialmente las intervenidas) y de las politécnicas territoriales, impulsando los instrumentos legislativos y de control conforme a lo dispuesto por la CRBV y en el ordenamiento legal vigente junto con la participación y control de los diferentes organismos del Estado.

26. Exigir al Ejecutivo de gobierno el respeto a la autonomía universitaria para elaborar sus políticas de ingreso, en consenso con las políticas públicas del estado y las necesidades del país, evitando medidas compulsivas de asignación de estudiantes a universidades que no cuentan muchas veces con las condiciones para atenderlos dignamente, violentado esto un ingreso equitativo de oportunidades, respaldar institucionalmente a las universidades en la apertura de un debate para orientar y administrar los procesos de admisión y prosecución estudiantil.

27. El 03 de Noviembre de 2015 la extinta AN emitió un Acuerdo contra la Universidad Venezolana nacional y autónoma, presuntamente rechazando la paralización de las universidades pero fundamentado en un conjunto de considerandos falaces como afirmar que “Este es el único gobierno que en 50 años le ha otorgado recursos a las universidades para su desarrollo institucional”. Incitando al odio contra las universidades por parte de sus partidarios políticos y la comunidad nacional señalando a la universidad como culpable de la crisis económica y culpable de conspirar contra el gobierno nacional es un acuerdo abundante de calificativos y de ignorancia, que claramente pretendió, sin lograrlo, generar odio y violencia contra los universitarios y la universidad, criminalizando el derecho a la protesta y sometiendo la institución universitaria al escarnio público. En virtud de lo cual para esta AN se hace un deber ético, junto al espíritu de este informe, reivindicar a la Universidad Nacional Venezolana libre y democrática como la institución que ha soportado y soporta los más brutales ataques por ser espacio de libertad de opinión y crítica. En tanto se propone derogar el Acuerdo de la AN de fecha 03 de noviembre de 2015 en contra de las universidades. Presentar y aprobar en plenaria un Acuerdo que reivindique la importancia de todas las Universidades Venezolanas para el futuro del país.

28. Exhortar al Ejecutivo Nacional a reconocer y asumir el invalorable aporte que las universidades podrían brindarle en las tareas de enfrentar los graves problemas que hoy sufrimos los venezolanos, resaltando la histórica pertinencia social de la Universidad Venezolana.

29. Reconocer la importancia de la contribución de la universidad venezolana en las luchas por la libertad, la democracia y la justicia en Venezuela.

VI.  MESAS DE TRABAJO

-        MESAS 1 Y 2 (FUSIONADAS)

·       Balance del Conflicto Septiembre-Diciembre 2015

·       Situación de los acuerdos MPPEUCT-FAPUV-AVERU

Prof. Samuel J. Pérez Hermida (Directivo APUCV)

Coordinador

El día viernes 29 de abril del 2015 se efectuó en la Sede de la FAPUV en Caracas una reunión extraordinaria de su Consejo Superior (CS), cuyo punto único de agenda fue el análisis de la situación actual de las universidades venezolanas en el contexto de la actual coyuntura sociopolítica del país.

A los efectos de facilitar dicho análisis y las discusiones correspondientes, la Junta Directiva de la FAPUV aprobó la proposición de la APUCV, en el sentido de organizar a los delegados asistentes al CS en tres mesas de trabajo y luego realizar una sesión plenaria al final de la jornada, a fin de que la totalidad de los asistentes pudiese conocer los resultados de las deliberaciones de cada mesa e integrar conjuntamente las conclusiones de la jornada.

En la propuesta original, la Mesa 1 estaría orientada a la realización del balance del último conflicto universitario nacional (septiembre-diciembre 2015) y sería coordinada por el Prof. Samuel Pérez Hermida, Directivo de la APUCV; mientras que la Mesa 2 se encargaría de analizar el estado actual de los acuerdos surgidos, en el marco del conflicto antes mencionado, entre la FAPUV y el MPPEUCT, con la participación de la AVERU en calidad de testigo y garante, y estaría coordinada por el Prof. Víctor Márquez Corao, Presidente de la APUCV. Sin embargo, durante la sesión de instalación del CS, en atención al número de delegados efectivamente presentes, se decidió realizar la integración de las Mesas 1 y 2 en una sola, quedando la misma bajo la Coordinación del Prof. Pérez Hermida.

La nueva mesa de trabajo procedió a instalarse en la Sala de Reuniones de la Junta Directiva de la FAPUV, contando con la participación de los siguientes delegados:

1.     Prof. Omar Rodríguez Madrid – VICEPresidente FAPUV

2.     Profa. Deborah Velásquez de Valecillos APUCLA

3.     Prof. Víctor Márquez Corao APUCV

4.     Prof. Gonzalo Meléndez APUNEXPO

5.     Profa. Ginette Araujo

6.     Profa. Gladys Izarra de León APUNEXPO

7.     Profa. Maribel Osorio

8.     Prof. Eduardo Campechano

9.     Prof. Jesús Figueroa

10.  Prof. Jesús Bastardo

11.  Prof. Alberto Yegüez

12.  Prof. Tomás Crespo  APROUPEL

13.  Profa. Wilma de Mac-Lellan SECRETARIA ASUNTOS ACADÉMICOS FAPUV

14.  Profa. Mildred Valera-Martínez SECRETARIA ASUNTOS SOCIALES FAPUV

15.  Profa. Dilia Blanco APUNESR

16.  Prof. Samuel Pérez Hermida APUCV  (Coordinador/Moderador/Relator)

A.     EVALUACIÓN DEL CONFLICTO.

En el proceso de discusión y análisis de la mesa emergieron los siguientes elementos en relación con el pasado conflicto nacional de universidades:

Ø  Se valoró positivamente el desempeño de la representación de la FAPUV en el proceso de negociación de la II CCU, sin embargo, se consideró al mismo tiempo que nuestra actuación durante el conflicto estuvo orientada por un débil análisis de la coyuntura, por una evaluación desacertada del adversario/interlocutor (Gobierno) y que también se vio fuertemente afectada por el quiebre de la unidad intergremial.

Ø  Con respecto a la estrategia de construcción de una unidad intergremial, uno de los ejes centrales de las actuaciones de la FAPUV durante el conflicto, se consideró que no se evaluó adecuadamente la posibilidad de  que  algunos  de  los  actores asumidos como  aliados hubiesen  formado parte,  en realidad, de una estrategia gubernamental de infiltración,  es decir,  algunos de estos aliados

podrían haber sido usados por el oficialismo como “caballos de Troya”, lo cual podría explicar su comportamiento posterior durante el proceso de negociación de la II CCU.

Ø  Se consideró que hubo poca claridad en la formulación y sostenimiento de nuestros objetivos durante el desarrollo del conflicto. Un ejemplo de ello puede encontrarse en los giros tácticos asumidos en el proceso, entre ellos los de carácter discursivo. Se abandonó el discurso centrado en la defensa y reivindicación de los derechos constitucionales, para abrazar el de la inexistencia de condiciones de funcionamiento en las universidades, impulsado por las autoridades universitarias y rápidamente abandonado por ellas.

Ø  Estos cambios discursivos y el énfasis en las condiciones de funcionamiento generó contradicciones entre las bases profesorales y la dirigencia gremial, especialmente en el punto en el que resultó incoherente asumir la reincorporación sin que hubiesen cambiado sustancialmente las condiciones.

Ø  En este sentido, se consideró el impacto negativo de la decisión tomada por la FAPUV el pasado noviembre, sobre el reinicio de actividades docentes, no por la decisión en sí misma, sino por la forma en que la misma fue tomada. Se consideró que la misma fue en contra de una decisión mayoritaria de las bases profesorales, expresada en una consulta nacional, y que, con pocos días de distancia se produjo un giro radical en la dirección del conflicto sin hacer una consulta suficiente. Se valoró que esto puede ser un factor que esté influyendo con fuerza en el reflujo de la participación y movilización profesoral que se observa en todas nuestras universidades.

Ø  Se mencionó que la propuesta de tablas salariales presentada en el Proyecto de la II CCU no fue adecuadamente utilizada como herramienta de negociación, y que incluso se puede haber generado una expectativa exagerada, con el impacto negativo que connota la frustración de dicha expectativa. Sin embargo, en este punto se recordó también la fortaleza técnica de dicha propuesta, al ser el resultado de un estudio efectuado con gran seriedad profesional por una comisión de expertos designados por el Consejo Universitario de la UCV a petición de la APUCV, y se recordó también como dicha propuesta fue asumida posteriormente por el Comando Intergremial.

Ø  Una variable que afectó negativamente el desarrollo del conflicto, y sigue impactando negativamente sobre la actividad gremial, es la tensión existente entre las asociaciones federadas a la FAPUV y las autoridades en cada una de nuestras universidades.

Ø  También se consideró que no fue posible a lo largo del conflicto diseñar una política adecuada, y en consecuencia una estrategia pertinente, con el Movimiento Estudiantil.

Ø  Se evaluó que durante el proceso de desarrollo del conflicto se fue profundizando progresivamente el incumplimiento de la directriz de no abandonar el campus universitario (suspensión de actividades docentes con presencia en las universidades), asumiéndose poco a poco una situación de paro indefinido. Hubo, adicionalmente, un grado importante de descoordinación en el manejo de los tiempos de desincorporación/reincorporación, con lo que al final cada universidad terminó actuando por su cuenta.

Ø  En la discusión se evaluó también el impacto negativo que podría estar teniendo sobre el diseño de las políticas de la FAPUV la existencia de debilidades internas en el seno de la federación, especialmente las diferencias presentes en la actual Junta Directiva. En este sentido, no se consideró como necesariamente negativo que en un organismo plural, como lo es la JD de la FAPUV, exista de hecho una gran diversidad, y que en el marco de esta se presenten eventuales divergencias de criterio, sino que se observó que muy posiblemente el problema reside en la forma en la que dichas diferencias están siendo procesadas. Entre otras cosas mencionadas, como por ejemplo las dificultades existentes en la actualidad para desplazarse por el territorio nacional, se señaló que con frecuencia los conflictos internos en la JD no se cierran adecuadamente por ausencia de un suficiente debate entre sus miembros.

Ø  En términos generales, se coincidió en que la FAPUV cuenta con poca capacidad para el diseño de orientaciones estratégicas adecuadas a la realidad que enfrenta y a las características actuales de su lucha. Las estrategias de nuestra federación deben adecuarse a la realidad actual de Venezuela y al perfil de los actores que forman parte del actual sistema político del país.

Ø  Las estrategias, acciones y formas de lucha desarrolladas por la FAPUV corresponden a un modelo de Estado que ya no existe en Venezuela

B.     SITUACION DE LOS ACUERDOS

En el proceso de discusión y análisis desarrollado en la mesa, con relación al estado actual de los acuerdos entre la FAPUV y el MPPEUCT, con participación de la AVERU, se señaló lo siguiente:

Ø  El Gobierno no ha cumplido con las promesas formuladas por el ex ministro Fernández.

Ø  Los supuestos acuerdos con el ex ministro Fernández fueron aceptados por la FAPUV sin haber sido debidamente formalizados por escrito. Haber confiado solo en la palabra del ministro, aun con la supuesta garantía de la presencia de la AVERU, fue un error y debilitó nuestras posiciones. Sin embargo, dado que la nueva gestión ministerial reconoció dichos acuerdos en una reunión con la FAPUV efectuada el pasado 4 de abril del 2015, informando además que se encontraba gestionando los recursos para hacer efectivo el pago de los puntos contenidos en la promesa del ex ministro Fernández, se consideró indispensable que la FAPUV continúe presionando para su cumplimiento.

C.     ACUERDOS Y PROPUESTAS

El diseño de las estrategias pertinentes para la consecución de los objetivos de nuestra federación no puede descansar sobre los hombros de su Junta Directiva, especialmente debido a las dificultades logísticas que en los actuales momentos supone en Venezuela reunir con frecuencia a un conjunto de representantes procedentes de distintas regiones del país. La Junta Directiva es un organismo de decisión política que debe contar con suficientes elementos de análisis e información para tomar de forma adecuada las resoluciones que le competen. A tal fin, debe contar con equipos asesores que le suministren propuestas y recomendaciones previamente elaboradas con criterios profesionales, científicos y técnicos. El talento humano necesario para integrar dichos equipos puede encontrarse sobradamente en nuestras universidades.

El balance realizado en el Consejo Superior de la FAPUV ha puesto de relieve un conjunto de debilidades de nuestra federación, las cuales han creado las condiciones propicias para cometer algunos errores estratégicos importantes.

En consecuencia, durante la jornada realizada a lo largo del 29 de abril de 2015 surgió el consenso en torno a la necesidad imperiosa de revisar y optimizar nuestras estrategias. Con este propósito, se propone:

ü  Convocar a colegas agremiados con suficientes credenciales y capacitación en las áreas sensibles a los objetivos de la FAPUV a integrar los equipos técnicos asesores, con carácter ad hoc o permanente, según sea necesario.

ü  En este sentido, es sumamente importante y urgente mejorar nuestras capacidades de análisis y formulación de estrategias. Debe revisarse la experiencia de la Comisión de Estrategia, a fin de fortalecer nuestras capacidades y crear una unidad de análisis y planificación de carácter permanente, asesora de la JD de la FAPUV y poseedora de un buen nivel técnico.

ü  Las recomendaciones y propuestas de dicha unidad deben ser escuchadas y tomadas en cuenta por la JD para el diseño de las políticas de la FAPUV.

ü  Se recomienda que la FAPUV revise sus políticas de alianza con otras organizaciones gremiales del país, así como la revisión de la estrategia de la FAPUV hacia la AVERU.

ü  En el futuro, toda acción de la FAPUV debe ser cuidadosamente planificada tomando en consideración sus posibles impactos.

ü  Luce necesario mejorar el uso de las redes sociales por parte de la FAPUV.

ü  Se recomienda que la JD de la FAPUV le solicite a las facultades de nuestras universidades la publicación de pronunciamientos públicos sobre la situación nacional, en cada una de sus áreas respectivas.

ü  En la dirección de cambiar nuestras estrategias, se propone realizar el ejercicio cívico y democrático de impulsar y realizar elecciones en todas nuestras universidades y gremios, con nuestras normas y reglamentos, reivindicando así una verdadera defensa de nuestra autonomía universitaria y de nuestra libertad sindical.

ü  Se le solicita a la JD de la FAPUV que en sus próximos documentos, y a través de sus publicaciones habituales, como la “Cartelera de FAPUV”, incluya una reflexión sobre la difícil situación de la educación en Venezuela, en todos sus niveles, con énfasis en el significado de la educación democrática.

ü  Finalmente, las Mesas 1 y 2, fusionadas, acordaron la redacción de dos documentos; uno, para la discusión interna de la JD de la FAPUV, acerca del análisis realizado sobre las debilidades de la JD, el cual quedó bajo la responsabilidad del Prof. Samuel Pérez Hermida; y otro, para ser dirigido a la lectura de la comunidad nacional, tentativamente calificado como “Manifiesto a la Nación”. Este último documento quedó a cargo del Prof. Víctor Márquez Corao, incorporando las observaciones y propuestas del Prof. Omar Rodríguez Madrid.

MESA 3: LA LUCHA GREMIAL EN EL CONTEXTO POLITICO DEL PAIS

Participantes:

José Montoya (Coordinador) APUNET

Norberto Labrador (Relator) APUSB

Milvia Fuentes Aldana APUNESR

Argenis Hurtado APUNESR

María Dolores Padrón APUNESR

Josefina Tugues APAUNA

Raúl Brito APUNEG

Lilia Ruiz de Marcano APUNET

Lisbeth Esad APUCV

Gregorio Afonso APUCV

Luis Torres APUNESUR

PREMISAS DE LA DISCUSION:

·       La lucha gremial no debe ser desestimada del ámbito político, toda acción es un acto político. Se debe es diferenciar la política partidista.

·       En toda acción gremial, se debe enfatizar que la misma tiene como objetivo rescatar la calidad académica

·       Se asume que la CRISIS UNIVERSITARIA ES INDUCIDA

·       QUE LA CRISIS UNIVERSITARIA INDUCIDA = CRISIS DE LA SOCIEDAD

·       El arma de los Universitarios es el ESPIRITU, el CONOCIMIENTO y los VALORES

·       LA VIOLENCIA ES EL ARMA DE LOS QUE NO TIENEN LA RAZON, NOSOSTROS LA TENEMOS, PERO NO NOS HEMOS DADO CUENTA

·       Los profesores universitarios no solamente comunicamos y transferimos conocimientos, sino que trascendemos como modeladores de valores, principio y ética , por lo tanto somos formadores de los estudiantes en todos los ámbitos

·       Entender que la Crisis Universitaria afecta directamente a toda la sociedad

Porqué decimos que la CRISIS UNIVERSITARIA ES INDUCIDA?

La Universidad representa valores de: democracia, pluralidad, libertad, generación de conocimiento no ideologizante, es protestaría y libre pensante; valores estos que son contrarios a los intereses del régimen, que pretende establecer una universidad sometida a una ideología, y dónde el conocimiento sea función de su ideología.

ESTRATEGIAS PROPUESTAS:

Entendiendo que las premisas anteriores son la esencia conceptual de la lucha por el rescate de la Universidad como una Institución y que debe trascender sobre intereses particulares, se plantean las siguientes estrategias:

1.     Propiciar desde el gremio en todas sus estructuras universitarias un proceso de concienciación acerca del rol de las Universidades en el desarrollo de la sociedad venezolana y la defensa de los valores que esta representa.

Propiciar un plan comunicacional hacia la sociedad venezolana, con la finalidad de hacer entender que la Calidad Universitaria implica calidad de vida de toda la sociedad. UTILIZAR LAS REDES SOCIALES Y UTILIZAR LAS AULAS DE CLASES COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL PRIMARIA Y MULTIPLICADORA.

2.     Conformar un gran movimiento/frente por el rescate de la institucionalidad universitaria estableciendo alianzas y contactos con todos los integrantes de la COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

3.     Propiciar encuentros con la sociedad civil y lograr una coherencia colectiva sobre aspectos comunes en base a los derechos de tipo económicos, sociales, educativos y culturales

4.     Creación de un equipo de seguimiento y coordinación para enfrentar la Crisis Universitaria Inducida

5.     Realizar un taller/foro para identificarse con estas propuestas y ser agentes multiplicadores.

6.     Generar un documento contentivo de este discurso y difundirlo nacionalmente

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN GREMIAL:

RESCATAR Y DAR A CONOCER EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES ANTE LA SOCIEDAD VENEZOLANA CONSAGRADA EN LA LEY DE UNIVERSIDADES REFORZANDO LA IDEA DE LOS VALORES QUE ÉSTA REPRESENTA EN TÉRMINOS DE DEMOCRACIA, LIBERTAD, LIBRE PENSANTE, PROTESTARIA, GENERADORA DE CONOCIMIENTOS SIN Ideologías, UTILIZANDO LAS AULAS DE CLASES Y OTROS MEDIOS PARA CONCIENTIZAR.

MESA 4: ESTRATEGIA DE LUCHA Y PLAN DE ACCIÓN

Participantes:

Coordinador Relator: Prof. Virgilio Castillo (APULA)

Jorge   Negrette  (Comité  Ejecutivo)

Luis  Espinoza  (Comité  Ejecutivo)

William Anseume (APUSB)

Rolando Orellana (APUCLA)

Tomás Crespo (APROUPEL)

Esta  Mesa analizó las propuestas de Estrategias  entregadas en la Junta Directiva de FAPUV  realizada el 28-4-2016, con  base  en el Plan de Acción producto de las  Resoluciones  de la   Junta Directiva de FAPUV  los  días 31 y 31-3-16 (Anexas).

CONCLUSIONES:

1.     Realizar un documento público en apoyo al pueblo venezolano, manifestando nuestra solidaridad frente a la dura crisis que vive el país

2.     Solicitar una reunión al Presidente de la Asamblea Nacional, para entregar un documento de respaldo al parlamento venezolano.

3.     Solicitar a la Asamblea Nacional un voto de censura contra el ministro Arreaza.

4.     Realizar por parte de cada asociación, un plan de visitas por departamentos, escuelas y facultades a fin de acercarnos a las bases profesorales y explicar la actual situación Universidad – País y promover la participación.

5.     Internacionalizar el conflicto. Solicitar reuniones con las representaciones diplomáticas, organizaciones de los derechos humanos y a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, para pedir su respaldo.

6.     Vincularnos con el gremio de periodistas

-        Acompañar la marcha del martes

-        Realizar reuniones con el gremio nacional y local

7.     Declarar la no incorporación a las actividades si el gobierno no envía los recursos para el pago de sueldos.

8.     Difundir el conflicto por las redes sociales.

-        Actualizar la pág. Web de  FAPUV

-        Twitazo nacional los días: 1ero de Mayo y 15 de mayo, con la etiqueta:  #emergenciaunive

9.     Designar una comisión para visitar los presos políticos y exigir su liberación en los medios de comunicación.

10.  Que FAPUV en su cartelera exija la realización de elecciones universitarias y exprese el rechazo a la pretensión del gobierno de designar autoridades a dedo.

11.  Cada Asociación deberá solicitar un derecho de palabra en los respectivos  Consejos Universitarios, para promover el apoyo institucional.

12.  Cada Asociación deberá realizar un debate interno sobre temas como la reforma de las leyes de Educación, Universidades y LOCTI.

13.  Que la mesa se constituya en comité de conflicto  y se reúna 1 vez al mes, previo a la reunión de la Junta Directiva de FAPUV, para proponer estrategias de conflicto.

SESION PLENARIA

El Prof. Omar  Rodríguez  expuso:  “Siendo las 3,30  pm, ya ha finalizado el tiempo previsto y la mayoría de los participantes  debe viajar a su  respectiva ciudad. Se ha cumplido cabalmente el Programa, por lo  que se declara clausurada la reunión extraordinaria del Consejo Superior; agradecemos los valiosos aportes entregados por los Ponentes, los Coordinadores y Relatores de las Mesas de Trabajo, y los participantes, en   tal sentido las conclusiones y recomendaciones obtenidas  de las deliberaciones e informes presentados en este Consejo Superior serán  procesadas por la Junta Directiva de FAPUV, con el objeto de orientar   la toma de decisiones  dirigidas a la transformación de la Emergencia  Universitaria  en  una nueva  realidad donde estén dadas las condiciones para el cabal cumplimiento de la Misión de la Universidad Venezolana.”

ANEXOS

TÍTULO

A. CRISIS, QUIEBRA Y DESCAPITALIZACIÓN UNIVERSITARIA.   Prof. Omar Rodríguez

B. PLAN DE ACCIÓN CONFLICTO UNIVERSITARIO (Acuerdo Nº 1 Resoluciones Junta Directiva de FAPUV 30 y 31-3-2016)

C. DOCUMENTO ÚNICO RUEDA DE PRENSA: (Prof. Víctor Márquez Corao)

D. SITUACIÓN  NACIONAL (Keta Stephany,  objetivo   Plan de Acción. Recibido  en la Junta Directiva de FAPUV realizada el 28-4-16)

E. Metodología del “Salario Mínimo Vital” (Pedro Morales  (APUNET).  Plan de Acción. Recibido en Junta Directiva del 28-4-16)

F. ANEXO F: Crisis Universitaria Inducida –  Deliberada” .  Prof. José Hernán Montoya (Archivo Power Point adjunto)

G. INFORME FINAL  COMISIÓN ESPECIAL  ASAMBLEA NACIONAL  (Archivo PDF adjunto)

ANEXO  A: CRISIS, QUIEBRA Y DESCAPITALIZACIÓN UNIVERSITARIA

(Prof.  Omar Rodríguez,  en cumplimiento objetivo del Plan de Acción.  Recibido  en  Junta Directiva de FAPUV  el 28-4-16)

La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) garantiza el derecho a la educación. El Artículo 102 establece la educación como parte de los derechos humanos y deber social fundamental, a su vez la define como democrática, gratuita y obligatoria. El Artículo 103 consagra el derecho que tiene toda persona “a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. La realidad es que aún, como sociedad, no hemos alcanzado las metas ni siquiera en la educación primaria y la calidad  en la formación académica de nuestra juventud viene en franco deterioro. Las pruebas de admisión en las universidades ponen en evidencia las disparidades y la profunda  desigualdad en la distribución del acceso a los bienes culturales. Inclusive los estudiantes que logran ingresar en el sistema de educación superior presentan graves deficiencias en competencias y conocimientos como lengua y matemáticas, con lo que se evidencia el limitado aprovechamiento escolar.

Como generadora de conocimiento, la universidad venezolana debe ser escuchada y consultada por los órganos de poder nacionales, no sólo sobre su situación sino también en relación a los distintos temas de la agenda nacional y poder ocupar un papel central en el impulso del debate de los caminos a seguir en el país.

La universidad es un eje de cambio fundamental y necesario que atraviesa serias dificultades en su misión de dotar a la nación de conocimiento, ciencia y tecnología y poder así crear condiciones de desarrollo.

La producción científica, fuente del conocimiento que compartimos en las aulas, y que comunicamos a través de los canales regulares, muestra un descenso por falta de financiamiento en la infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación, así como también de la ausencia de una concertación real entre la política nacional de Ciencia y Tecnología y los verdaderos actores universitarios. Aun así siguen siendo las universidades los espacios donde más se hace investigación científica en el país.

La situación actual del país ha devenido en las universidades en el éxodo de sus académicos, investigadores y estudiantes y la ha llevado al borde de la quiebra y al cierre técnico. Estas dificultades derivan de políticas gubernamentales erradas y orientadas a la restricción de la autonomía, a la asfixia presupuestaria y a la precarización del trabajo académico.

La infraestructura de las universidades nacionales no resiste la más leve inspección de cualquier organismo de regulación. Se está comprometiendo con esta situación la seguridad de los usuarios ante cualquier evento de la naturaleza.

Los beneficios sociales para los estudiantes (becas, comedores, transporte, seguro de salud etc.) se encuentran en total crisis y son insuficientes y de muy poca calidad.

La inseguridad, como en todo el país, ha penetrado los espacios universitarios, lo que ha generado pérdida progresiva de las actividades del diario acontecer universitario.

La profesión docente ha sido degradada por los bajísimos salarios devengados en la actualidad y que no cubren las necesidades básicas, producto de las políticas erradas que no priorizan la misión académica que le es inherente.

La previsión y seguridad social del sector universitario no escapa de la crisis que vive el país, a pesar de que fueron creados para garantizar el derecho a la salud, contemplados en los Artículos 83 y 84 de la Constitución Venezolana.

Los déficits crecientes han debilitado la verdadera protección que debía ofrecer, la reducción de recursos y el deterioro del salario han tenido graves consecuencias.

La discriminación de la que han sido víctimas los profesores universitarios en los montos de los seguros de salud y maternidad (HCM) y otros beneficios, en comparación con otros sectores, ha deteriorado, no sólo el poder adquisitivo sino también la calidad de vida del sector. Se hace necesaria una sinceración en los montos otorgados, un presupuesto digno, suficiente y acorde con la realidad inflacionaria del país, que permita a las universidades  cumplir y garantizar la protección de su personal.

Fapuv ha adelantado acciones jurídicas y de movilización con el propósito de lograr que se le dé un trato digno a sus agremiados y a todo el conglomerado que hace vida en las universidades, y poder así apuntalar hacia el  verdadero desarrollo del país.

El oficio docente, tan degradado en los últimos tiempos enfrenta una de sus más graves crisis y la indiferencia gubernamental y el no oír las propuestas del profesorado para  la solución  a esos problemas, lo que crea una mayor incertidumbre hacia el futuro y las posibilidades de lograr terminar con tan grave situación, lo que la hace más crítica y aleja las soluciones ante la QUIEBRA y DESCAPITALIZACIÓN de la Universidad.

Por todo lo anterior a los profesores no les queda otro camino que declarar a la universidad en

“EMERGENCIA”

B: PLAN DE ACCIÓN CONFLICTO UNIVERSITARIO

(Acuerdo Nº 1 Resoluciones Junta Directiva de FAPUV 30 y 31-3-2016)

MISION

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) ratifica que sus actuaciones siempre estarán enmarcadas en la lucha para defender los derechos y las justas reivindicaciones de los Profesores Universitarios consagrados por la legalidad que establece el Estado Constitucional de Derecho, Ley de Universidades, Acuerdos Federativos y Actas Convenio.

Este Plan de Acción se establece luego de la jornada de evaluación sobre el conflicto universitario 2015, realizada por la Junta Directiva de FAPUV el día 30 de marzo de 2016.

OBJETIVOS Y METAS

Objetivo 1: obtener respuesta del Ministro del Poder Popular de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología.

Metas y Acciones:

 a.- Lograr la audiencia con el Ministro Jorge Arreaza.

• Se enviará nueva comunicación al Despacho el 1 de abril solicitando Audiencia urgente.

 b.- Lograr un derecho de palabra en el CNU.

• Se enviará nueva solicitud a la Secretaría Permanente del CNU el 1 de abril de 2016.

 c.- Revisar y firmar los preacuerdos logrados con el Ministro Manuel Fernández.

• Solicitar a los Rectores adscritos en AVERU que ratifiquen ante el Ministro Arreaza el cumplimiento del Acuerdo logrado con el Ministro Manuel Fernández, en el cual ellos se constituyeron en testigos de excepción.

 d.- En caso de no obtener respuesta para el 30 de abril:

• Solicitar un voto de censura para el Ministro Jorge Arreaza, por ante la Asamblea Nacional.

 e.- En caso de no haber respuesta para el 15 de mayo:

• Solicitar públicamente la renuncia del Ministro Jorge Arreaza por incumplimiento de sus funciones.
• Acompañar esta solicitud con una “Tranca Nacional de Universidades” de manera simultánea, en todo el país.

 

Objetivo 2: Realizar un balance objetivo de los alcances positivos y negativos, de la participación de las Representantes de FAPUV en la discusión de la IICCU.

Metas y acciones:

  a.- Denunciar la “No Homologación” de la IICCU del sector de trabajadores universitarios por parte del Consejo de Ministros.

• Hacer esta denuncia públicamente a través de cartelera de FAPUV

 b.- Aspectos positivos incorporados en el texto de la IICCU en función de la dignificación del profesorado.

 c.- Aspectos positivos incorporados en el texto de la IICCU en función de la Autonomía Universitaria

Objetivo 3: Promover y fortalecer la actividad gremial para incentivar la participación del profesorado universitario en la defensa de sus derechos.

Metas y acciones:

 a.- Mantener informados a los profesores universitarios sobre la situación universitaria, aspectos gremiales y  actividades a desarrollar.

• Elaborar Boletines Informativos periódicos.

 b.- Analizar las características que definen la actitud poco participativa de los docentes universitarios en la lucha gremial.

• A través de una encuesta única que permita conocer los elementos característicos que definen la actitud de los docentes en relación al conflicto.

 c.- Realizar una Reunión Extraordinaria del Consejo Superior de FAPUV para discutir la “Situación Nacional de las Universidades en el contexto político-social que vive el país”.

Convocar esta Reunión para el día 29 de abril a las 8 am en el Auditorio de la APUCV.

Objetivo 4: Declarar la “Emergencia Universitaria” en Asamblea General de Profesores, exigir la presencia de las autoridades universitarias en la Asamblea.

 Metas y acciones:

a.- Realizar Asambleas Generales Extraordinarias de Profesores, de manera simultánea con un documento único para la discusión.

• Elaborar un documento único que incorpore los aspectos más relevantes del quehacer universitario: Académicos, de Salud, de Previsión Social, Laborales, presupuestarios, económicos y financieros, entre otros.

b.- Solicitar a los Rectores Universitarios, en Asamblea, que asuman la responsabilidad como garantes de los Acuerdos entre el Ministro Manuel Fernández y FAPUV.

c.- Convocar rueda de prensa en todas las Asociaciones de Profesores Universitarios, de manera simultánea, con un documento único que permita evidenciar ante la comunidad nacional el estado de emergencia en que se encuentran las Universidades.

d.- Que las Asambleas hagan la propuesta para las  acciones a seguir. Estas serán enviadas a FAPUV para su instrumentación.

           

Objetivo 5: Evidenciar ante el país la quiebra económica y la descapitalización patrimonial de los Profesores Universitarios.

Metas y acciones:

a.- Demostrar la regresión salarial de los Profesores Universitarios a través del salario mínimo vital  y de la pérdida del poder adquisitivo.

• En Asambleas Generales de Profesores, simultáneas en todas las Asociaciones.
• Hacer la denuncia pública en rueda de prensa simultánea, en todas las Asociaciones,  a través de un documento único.

b.- Ejercer acciones que de manera urgente permitan mejorar el poder adquisitivo de los profesores universitarios:

• Solicitar al Presidente de la República,  la exoneración en el pago del ISLR.
• Solicitar ante la Asamblea Nacional la modificación de la Ley del ISLR.
• Hacer las exigencias salariales usando un valor fidedigno del Salario Mínimo Vital.
• Exigir la instalación inmediata de la Comisión de Contingencia de la IICCU.
• Exigir el pago del los aumentos de salario mínimo decretados por el Presidente (30% + 20%) para los profesores universitarios.
• Exigir que el 20% de aumento salarial previsto para los universitarios en la IICCU se pague a partir de este momento.
• Exigir la aplicación inmediata de todas las cláusulas de salud y de previsión social, Prima de Antigüedad, Bonos y otros beneficios, de la IICCU, a los profesores universitarios.

Objetivo 6: Acordar con las Autoridades Universitarias la aplicación de todos los beneficios socioeconómicos, de salud y previsión social a los profesores universitarios.

Metas y acciones:

a.- Elaborar y firmar un Acta Compromiso entre el gremio profesoral y la Universidad respectiva.

• Solicitar un Derecho de palabra en el Consejo Universitario o Directivo respectivo.

b.- Solicitar a las Autoridades Rectorales que asuman su responsabilidad con el gremio docente por haberse convertido en garantes de la palabra del Ministro Manuel Fernández.

• A través de una Audiencia con AVERU.

ESTRATEGIAS ¿CÓMO CONDUCIR EL PLAN?

1. Restablecer el funcionamiento de la Sala Situacional y o Comisión de Estrategias.
2. Hacer un trabajo de inducción a través de mecanismos comunicacionales para estimular la base profesoral a la participación en las acciones gremiales.
3. Establecer una política comunicacional, coherente y permanente para generar presión en el gobierno, el  reconocimiento de la comunidad venezolana y en especial de las comunidades universitarias.
4. Apoyo y reconocimiento a la Asamblea Nacional en su conducción a lo relacionado con el sector educación y en especial a la educación superior..

JUNTA DIRECTIVA DE FAPUV.

30 y 31-03-2016

Responsable de corregir el Plan de Acción y enviar comunicaciones al Ministerio y CNU: Prof. Lourdes Ramírez de Viloria.

Responsable elaboración del documento único para las Asambleas: Prof. Omar Rodríguez M.

Responsable de la Elaboración del documento único para las Ruedas de Prensa y Acta Compromiso: Prof. Víctor Márquez Corao.

Responsables para elaboración de la Encuesta: Prof. Déborah Velásquez de Valecillos y Pedro Morales.

Responsable denuncias públicas: Prof. Keta Stephany.

Próxima Reunión Ordinaria de Junta Directiva: 28 de abril de 2016. Hora 9 am. Sede de FAPUV

ANEXO C.- DOCUMENTO ÚNICO RUEDA DE PRENSA:

(Prof. Víctor Márquez Corao)

DECLARACION DE LA FEDERACION DE

ASOCIACIONES DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA

 “Hay quienes quieren a un

magisterio sumiso, arrinconado,

incapaz de levantar la voz; pero un

pueblo que tenga maestros de esa categoría

tendrá que ser un pueblo de esclavos “

(Luis Beltran Pietro Figueroa)

Como institución de carácter gremial y educativo, para FAPUV y las Asociaciones de Profesores Universitarios, la relación dialógica constituye un valor fundamental que guía nuestro quehacer institucional. Es en ese contexto que hemos participado, reiteradamente, en las diversas mesas de diálogo a las que hemos sido convocados. Es por ello que hemos solicitado ser escuchados por la instancia a quien le corresponde discutir nuestras exigencias: el Consejo Nacional de Universidades. Es por la ausencia de escucha de esa instancia que hemos recurrido a la Asociación Venezolana de Rectores.  En fin, es por esa misma razón que decidimos acudir a la discusión de la II Convención Colectiva Única del sector universitario con la finalidad de defender los derechos de nuestros agremiados.

No ha habido oportunidad en que el otro componente de la relación dialógica (El gobierno nacional) no haya convertido el diálogo en una farsa publicitaria, sin dar respuesta a los problemas reales.

El último conflicto universitario no ha tenido un final distinto. El gobierno nacional, quien cambia Ministros como cambiarse de ropa, sigue sin dar cumplimiento a lo acordado con nuestra Federación y con la Asociación Venezolana  de Rectores.

Estos últimos, convencidos de la necesidad de suspender el conflicto se ofrecieron como garantes de buena fe de unos compromisos hoy desconocidos y que nos obligan a retomar las acciones necesarias en defensa de nuestros derechos.

En tal sentido nuestra Federación ha tomado las siguientes decisiones:

a)      Pronunciamiento de la Federación sobre la situación actual declarando la “Emergencia Universitaria”

b)      Asamblea general de profesores de todas las universidades, el mismo día y a la misma hora, lapso durante el cual quedarán suspendidas las actividades.

c)       Presentación de un Acta Compromiso con la Asociación Venezolana de Rectores para la defensa conjunta de la universidad y los derechos laborales consagrados en los diversos instrumentos contractuales.

d)      Promover un gran encuentro nacional de todas las organizaciones gremiales, sindicales y civiles para elaborar un plan de lucha en defensa de la vida.-

Si algo ha caracterizado nuestro conflicto son  las banderas enarboladas:

·         El Respeto al texto constitucional y los derechos consagrados en él.

·         La defensa del salario con fundamento académico.

·         El respeto a la condición docente y su importancia para el país.

·         La defensa de la universidad y su calidad académica.

·         El derecho a condiciones dignas de vida y trabajo.

De noviembre de 2015 a esta fecha la situación ha empeorado y a las banderas enarboladas habría que agregar:

·         El derecho a trabajar en condiciones seguras para el personal y sus instalaciones. Robos en aulas y de equipos de toda naturaleza son una constante en todas las universidades.

·         La defensa de nuestro sistema de seguridad social, hoy al borde de  una crisis sin precedentes por falta de insumos y carencia de recursos por incumplimiento de derechos contractuales, consecuencia del cerco presupuestario.

·         La defensa de la integridad familiar ante la diáspora que vivimos y que se continúa acentuando.

·         El derecho a poder dedicar nuestro tiempo  a formarnos profesional e intelectualmente y no a pasarlo haciendo colas para poder adquirir los insumos de la dieta diaria con un sueldo que no alcanza para vivir.

·         El derecho a morir con dignidad y no por carencia de insumos o por una cobertura hospitalaria insuficiente cuando se incumple lo establecido en la II Convención Colectiva única.

·         El negarnos a aceptar la degradación moral y ética de la nación, del irrespeto a la constitución, del robo masivo de  los recursos nacionales, de la penetración del narcotráfico en todas las esferas del estado, tal y como lo evidencia la prensa nacional e internacional.

·         El negarnos a aceptar que la estructura institucional pretenda más sacrificios de nuestra parte y muestre una normalidad institucional inexistente.

·         El derecho a la gratuidad de la enseñanza que comienza a vulnerarse cuando se pretende descargar sobre los estudiantes los insumos necesarios para su formación, colocando a los  alumnos de menos recursos en condición de minusvalía.

Nos negamos a ser observadores de un drama que nos compete. A ver como regresamos a etapas superadas del desarrollo social donde no existía el estado de derecho y prevalecía la ley del más fuerte y la justicia se tomaba con las propias manos. La masacre de Tumeremo un hecho intolerable que se pretendió negar.

Los educadores de todos los niveles tenemos que alzar nuestra voz. Tenemos la obligación de llamar a la acción en defensa del país.

Abiertamente nos han invitado a abandonar el país, para tranquilamente apropiarse de él y de todas sus riquezas.

Abiertamente tenemos que decirles que no nos vamos y que no cesaremos en nuestra lucha por brindarles un futuro mejor a nuestros hijos y nietos. Que mientras tengamos vida seremos un muro de contención contra los  bastardos intereses.

Que no estamos dispuestos a ser espectadores pasivos de la venta del país y sus riquezas a otras naciones.

Hoy la realidad nos da la razón sobre la tabla salarial que propusimos y defendimos, pues teníamos consciencia del fenómeno hiperinflacionario que se nos avecinaba. Nuestra postura no era política era en defensa de la calidad de vida de todos los universitarios. FAPUV se quedó sola, en esa lucha, porque factores políticos prevalecieron sobre los gremiales.

Apreciados profesores, defender nuestra universidad no ha sido fácil, mantener abierto nuestros Institutos de Previsión se hace cada vez más difícil, mantener con vida a la FAPUV depende de todos.

Entendemos que pueden haber motivos para la desesperanza y la frustración pero los invitamos  a no desfallecer, hay sobradas razones para esperar una pronta salida de este estado general de anomia.

Razones hay para la crítica, para las exigencias, para el reclamo.  Pero también las hay para el compromiso con la familia, la universidad y el país.

No podemos permitir “que un día el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa, nos roba la luna y conociendo nuestro miedo nos arranca la voz de la garganta. Y porque no decimos nada, ya no podemos decir nada.” Vladimir Maiakovski

  

Es obligación de los universitarios levantar su voz de protesta. La de las  universidades, caracterizar  el régimen político sobre la base de una evaluación rigurosamente académica y asumir su responsabilidad de orientar al país.

Respetamos la postura política de nuestra organización hermana, la FTUV, de defender al gobierno nacional y  asumimos nuestro derecho de diferir de esa postura.

Hoy le decimos a los universitarios, y a todos los ciudadanos,  que la grave situación que vivimos solo encontrará salida con un cambio de gobierno por vía pacífica, constitucional y democrática.

Hagamos nuestro el siguiente poema

DEFENDERÉ LA CASA DE MI PADRE

CONTRA LOS LOBOS, CONTRA LA SEQUÍA, CONTRA LA USURA, CONTRA LA INJUSTICIA

DEFENDERÉ LA CASA DE MI PADRE

PERDERÉ LOS GANADOS, LOS HUERTOS, LOS PINARES

PERDERÉ LOS INTERESES, LAS RENTAS, LOS DIVIDENDOS

PERO DEFENDERÉ  LA CASA DE MI PADRE

ME QUITARÁN LAS ARMAS Y CON LAS MANOS DEFENDERÉ LA CASA DE MI PADRE

ME CORTARÁN  LAS MANOS Y CON LOS BRAZOS DEFENDERÉ LA CASA DE MI PADRE

ME DEJARÁN SIN BRAZOS, SIN HOMBROS Y SIN PECHOS Y CON EL ALMA DEFENDERÉ LA CASA DE MI PADRE

ME MORIRÉ, SE PERDERÁ MI ALMA, SE PERDERÁ MI PROLE, PERO LA CASA DE MI PADRE SEGUIRÁ EN PIE

ESTA ES NUESTRA VOLUNTAD Y NUESTRO COMPROMISO CON LA UNIVERSIDAD, CON EL PAIS, CON NUESTROS HIJOS

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

ANEXO  D: SITUACIÓN  NACIONAL

( Keta Stephany,  objetivo   Plan de Acción. Recibido  en la Junta Directiva de FAPUV realizada el 28-4-16)

SITUACIÓN ECONÓMICA

Cuando el auge de las materias primas en el mundo, que benefició a la economía venezolana entre 2003 y 2013 llegó a su fin, la consecuencia fue la reducción de los ingresos netos externos. Para América Latina y el Caribe, el BID prevé un crecimiento negativo en el presente año de -0,3%. En Venezuela será mucho peor, a pesar de que las proyecciones del FMI y del BM indican cierta recuperación en los precios del petróleo para 2016 de 12,6% y 5,2% respectivamente. Pero como siempre que se habla del petróleo, la incertidumbre al respecto es elevada. Según el BID una disminución también es posible.

Esta crisis se produce, además, en un momento de elevado endeudamiento del país, que este año, en palabras de García Larralde “debe pagar más de $10 millardos que se les adeuda a proveedores externos para mantener el crédito a la importación; cancelar el servicio de la deuda financiera por una cantidad similar; y cubrir la brecha comercial. Ésta montaría a unos $15 millardos, si queremos importar lo mismo que el año pasado –unos $37 millardos que, a juzgar por el desabastecimiento extendido, resultó ser insuficiente”.

Ante esta situación el gobierno ha desatado la inflación con la impresión de billetes sin respaldo; ha desarrollado una política agresiva de recaudación de impuestos a través de la manipulación del valor de la Unidad Tributaria obligando a los asalariados más pobres a pagar impuestos; ha gastado buena parte de las reservas internacionales; se ha endeudado más; ha llevado a la crisis a la salud y a la educación, ahogándolas presupuestariamente; y ha sacrificado importaciones fundamentales, generando una grave escasez en alimentos, medicinas y otros bienes esenciales para la población.

La disminución de los ingresos por exportaciones del petróleo plantea la necesidad de aumentar otras exportaciones, lo que no parece posible dada la grave situación del aparato productivo nacional y los serios problemas para abastecer de energía eléctrica suficiente a la Nación. El gobierno parece haberse decantado por el “motor minero. Para ello, el Presidente firmó un decreto de creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” y el BCV y PDVSA le presentaron  a empresas nacionales y transnacionales un plan de inversión para la exploración de dicho mal llamado “Arco Minero”. Esta falsa salida no es sino más rentismo, más extractivismo y más dependencia de materia prima, y amenaza con acabar con los ecosistemas del sur de Venezuela, con el río Orinoco, la cuenca del Caroní, la represa del Guri, las reservas forestales, los pueblos indígenas, al agua y la electricidad de todos los 

venezolanos. En síntesis, Venezuela se encuentra en una profunda crisis económica y el gobierno no da muestras de ser capaz de afrontarla con éxito.

SITUACIÓN SOCIAL

El impacto negativo de la crisis económica en la sociedad es implacable. El recorte de las importaciones de bienes indispensables en un país sin producción, es la causa de la escasez que afecta a la inmensa mayoría de los hogares venezolanos al punto de configurar una situación de emergencia alimentaria. Eso significa que hay hambre. Los venezolanos ahora compramos menos comida, porque no hay, y lo que se consigue no está al alcance de nuestros devaluados ingresos. Por lo tanto comemos menos. Además, nos estamos alimentando principalmente de carbohidratos, ya que la ingesta de carne se ha reducido en más del 40% y los precios de frutas y verduras son imposibles para la mayoría. Eso afecta sobre todo a los niños, que es la población más vulnerable y puede generar graves consecuencias en su desarrollo y crecimiento, por desnutrición y malnutrición, e inclusive aumentar la tasa de mortalidad infantil. El colmo es que para comer tan mal, hay que hacer colas interminables. Hoy no se cumple, entonces, el derecho humano a la alimentación en Venezuela, pues no hay garantía de acceso regular, permanente y sin restricciones a los alimentos necesarios y en cantidades suficientes.

Otro derecho humano de carácter social gravemente comprometido es el derecho a la salud, hoy también en situación de emergencia en Venezuela, que vive la mayor escasez en su historia de insumos básicos, material médico quirúrgico, equipos, reactivos y medicinas; a esto hay que agregar el deterioro de la infraestructura en los centros públicos de salud y la insuficiencia de personal médico debido a las condiciones deplorables de trabajo  y remuneración a que son sometidos. La consecuencia es suspensión de tratamientos por falta de medicamentos, cierre de consultas, largas esperas para las intervenciones quirúrgicas, situaciones éstas que ponen en grave riesgo la vida de los enfermos. La falta de publicación del Boletín Epidemiológico impide establecer con precisión la magnitud del desastre y sus consecuencias en enfermedades y muertes.

De la misma manera, el derecho a la seguridad social no se garantiza. Las pensiones de vejez no alcanzan a todos y su monto es tan precario, debido al retroceso del valor del salario mínimo, que el disfrute de la jubilación se ha perdido: luego de una vida de trabajo, aún el que disfruta de la pensión debe seguir trabajando para poder cubrir sus gastos de alimentación y medicinas. Tampoco se garantiza la seguridad personal. La inmensa mayoría de los homicidios quedan impunes y nuestras principales ciudades son de las más violentas en el mundo.

En relación con  el derecho  a la  vivienda, los convenios internacionales para su construcción son inauditables,  las  cifras oficiales poco confiables,  y la  posibilidad de  adquirir  o  alquilar una vivienda muy remota para cualquier asalariado,  lo que obliga   a escoger,  sobre todo a los

jóvenes que forman nuevas familias, entre una vivienda insegura o el hacinamiento en el hogar de sus mayores. El gobierno, por otra parte, sigue empeñado en mantener la situación de inseguridad jurídica de los beneficiados por la GMVV a pesar de la decisión de la Asamblea Nacional de reconocerles su derecho a la propiedad. Tampoco se garantizan los servicios básicos de agua potable y electricidad, sobre todo en el interior de la República.

En términos generales, la crisis social es extensa, pues de una u otra manera afecta a todos los estratos sociales, y es intensa, pues ha convertido la cotidianidad de los venezolanos en una carrera de obstáculos para la supervivencia, en la cual cada día viene con más calamidades que el anterior.

SITUACIÓN POLÍTICA

Ante esta crisis tan grave, el descontento es generalizado, y así lo demuestran los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado, la percepción mayoritaria del gobierno de Maduro como un obstáculo para superar la crisis, el aumento de las denuncias de deficiencias en los centros de salud y el aumento en 2016 de la conflictividad social, luego de que en 2015 se produjera una disminución en el número de protestas, producto de la dura represión de 2014, cuando se disparó el número de denuncias de muertos, heridos y lesionados por balas, perdigones o sustancias tóxicas en manifestaciones; y de amenazas, hostigamiento, allanamientos por parte de los cuerpos represivos del Estado (SEBIN, PNB, GNB, CICPC, y policías locales). A esto hay que agregar la grave actuación de grupos civiles armados afectos al gobierno contra los manifestantes.

Hoy, el descontento se está imponiendo sobre los estragos del mecanismo de la represión, con el auge, en las últimas semanas, de la protesta social. Muchas de estas acciones son espontáneas y van desde pequeñas protestas en las colas por la escasez hasta saqueos; y desde cacerolazos hasta guarimbas por agua y luz.

Por otra parte, la inseguridad y la impunidad con que actúa la delincuencia han generado una proliferación de linchamientos, que indica la gravedad de la descomposición social en Venezuela.

Desde el punto de vista político, el Estado de Derecho se reduce cada vez que el TSJ torpedea lo que produce la Asamblea Nacional, violando su autonomía y la soberanía popular y poniendo de manifiesto el uso de la administración de justicia con fines políticos y la falta de independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. Es el mismo Poder Judicial que contribuye con la violación a la libertad personal en el marco de protestas y huelgas de trabajadores y con la simulación de hechos punibles para justificar las detenciones políticas. A eso se agrega el incremento de voces críticas y divisiones dentro del oficialismo y la unidad de acción de la oposición a pesar de todas sus diferencias y peleas internas.

La situación política se caracteriza entonces por la fisura del modelo autárquico de gobierno, con la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias y los intentos persistentes de la Asamblea Nacional por recuperar y hacer valer su autonomía frente al Ejecutivo Nacional; el control por parte del Ejecutivo de los demás poderes (Judicial, Electoral, Fiscalía y Defensoría) y de la Fuerza Armada; la continuación de la polarización política y su traslado al enfrentamiento AN – TSJ; el descontento generalizado de la población y el aumento de la protesta: tanto la protesta política como la protesta social; la espontánea como la planificada; la pacífica y la violenta, la legal y la ilegal.

En conclusión, Venezuela atraviesa una profunda crisis económica y social que afecta gravemente la vida de su población y que el gobierno no logra revertir. La mayoría de los venezolanos no confía en la capacidad del actual gobierno para superar la crisis y su descontento se expresa en acciones colectivas dispersas pero en ascenso. Los mecanismos de la represión, de la polarización y del control de la mayoría de los poderes públicos y de la Fuerza Armada por parte del gobierno nacional no parecen suficientes para impedir su acentuado debilitamiento. En esta circunstancia, cobra fuerza el escenario de un cambio político como requisito para impulsar las políticas públicas que vienen demandando los distintos sectores sociales en sus luchas, para mejorar las condiciones de vida de la población.

ANEXO  E: Metodología del “Salario Mínimo Vital”

(Pedro Morales  (APUNET).  Plan de Acción. Recibido en Junta Directiva del 28-4-16) 

¿A cuánto equivale el “salario mínimo vital”

El artículo 1 del Decreto Presidencial 2.266 publicado en Gaceta Oficial Nro. 40.864 del 08-03-2.016 expresa lo siguiente: “Se exonera del pago del impuesto sobre la renta el enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por personas naturales residentes en el país hasta por un monto en bolívares equivalente a tres mil unidades tributarias”. En tal sentido, si la Unidad Tributaria (U.T.) para el año 2.015 se ubicó en Bs. 155 y para el 2016 es de Bs. 177, entonces el monto mínimo a partir del cual se debe declarar y pagar el impuesto sobre la renta es de Bs. 450.000, 00 (3.000 x 150) para el periodo fiscal correspondiente al 2015, o de Bs. 531.000, 00 (3.000 x 177) para este año 2.016.En otras palabras, todo salario que devengue un trabajador que esté por debajo de estos montos no es considerado como enriquecimiento neto, sino que por el contrario es un ingreso que le permite apenas cubrir sus necesidades vitales tal como lo dicta el artículo 91 de la Carta Magna (CRBV).

La CRBV ordena en su artículo 91: “…derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir…las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. …un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. En consecuencia, dado que estamos amparados por el Estado Constitucional de Derecho, un equivalente válido al salario mínimo vital (SMV) se ubica en los Bs. 42.250,00 mensual para el 2.016, que resulta de dividir los Bs. 513.000,00 entre los 12 meses del año. Pero igualmente, si consideramos el comportamiento experimentado por la “Canasta Alimentaria Normativa” (CAN), dada las cifras mostradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta cierto momento, es posible estimar o proyectar un salario mínimo que permita cubrir al menos un conjunto básico de alimentos, que son esenciales para la dieta nutricional de la familia venezolana, que para este caso es aproximadamente Bs. 54.000,00.

En función de los anteriores fundamentos que forman parte de la metodología del salario mínimo vital (a), se establece en primer lugar, que el salario mínimo para los trabajadores venezolanos que les permita vivir con dignidad, debe ubicarse en la actual era de hiperinflación, en una cifra aproximada a los Bs. 50.000,00. Adicionalmente, todo ajuste de remuneración o estructuración de tabla salarial con sus respectivas interescalas (b) deben “levantarse” sobre la base de este referente salarial.

Así por ejemplo, si un docente universitario (instructor) a dedicación exclusiva, se supone que debe recibir una remuneración por lo menos con una diferencia de dos SMV, entonces lo que real, legal y justamente debería devengar está en el orden de los Bs. 150.000,00, y nunca los Bs. 22.562,00 que es lo que nominalmente le pagan mensualmente (“aunque usted no lo crea”). Pero dentro de la misma lógica y considerando las interescalas entre categorías de profesores a dedicación exclusiva (respetadas incluso por el ejecutivo nacional hasta el año 2.014) se obtendría la siguiente estructura salarial: Bs. 175.350,00(Profesor Asistente), Bs. 204.984,00 (Profesor Agregado), Bs. 245.776,00 (Profesor Asociado), Bs. 295.423,00 (Profesor Titular).

(a) En reunión de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) del 30 y 31 de marzo de 2.016 se aprobó: “Poner en práctica la metodología que permita medir el salario mínimo vital (Art. 91 de la CRBV) como sustento de las negociaciones en torno a las Tablas Salariales y Normas de Homologación”.

(b) La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sentencia N° 266 del 17-02-2.006 señaló: “el principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad -igualdad como equiparación-, y un trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad -igualdad como diferenciación- (véase sentencia N° 898/2002, del 13 de mayo)”.

ANEXO F: Crisis Universitaria Inducida - Crisis Universitaria Inducida -  Deliberada”.  Prof. José Hernán Montoya

(Archivo Power Point adjunto)

ANEXO G: INFORME FINAL  COMISIÓN ESPECIAL  ASAMBLEA NACIONAL

 (Archivo PDF adjunto)