Diario La Nación: El CRA de la UNET también es víctima de políticas económicas desacertadas.(22-04-2.015)


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A la luz de los aspectos teoricos y empíricos que se evidencian en la  “Gobernanza inteligente para el siglo XXI” (Berggruen & Gardels, 2.013), útiles para encarar con efectividad los retos que impone la globalización, el sector público se puede concebir como el ente responsable de la gestión institucional de toda la estructura del Estado, el cual tiene entre sus funciones, la  aplicación de políticas económicas (compatibles  y acertadas) con el fin de generar estabilidad, seguridad, certidumbre y bienestar sostenible a la sociedad: a favor de la  gobernabilidad. Complementariamente, partiendo de las nociones de Max Weber (1.864-1.920), las políticas económicas, como parte del ordenamiento jurídico que propugna el derecho público, definen el diseño y accionar de un plan (estratégico, pertinente y sinérgico por naturaleza) para regular, redirigir, normar y disciplinar el proceso económico.  
Además, este conjunto de estrategias, tácticas y acciones, también conocidas como economía aplicada o economía normativa, establecen su radio de cobertura en función de la relación (ética y moral) entre fines, objetivos e instrumentos. Donde a través de la instrumentación de políticas en el ámbito fiscal, monetario o cambiario, se permitan alcanzar logros en sintonía con una educación integral y continua (en lo que respecta a la formación, capacitación y desarrollo del talento humano) de una nación, básicas para favorecer la diversificación de la economía generadora de empleo productivo, el creciente poder adquisitivo de la población, y en definitiva, el progreso hacia el desarrollo sostenible.
Importante agregar, que en un sentido antropológico e incluso desde un plano ético filosófico, la necesidad de una educación (del latín educare) de calidad (equitativa, pertinente, eficaz y eficiente), y el consiguiente deseo de educarse son inherentes a la condición originaria del humano, y han constituido un perfil prominente desde el mismo origen de los tiempos. Desde esta perspectiva, la sentencia de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura (1.819), es contundente al manifestar que: “moral y luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras primeras necesidades”. Es decir, todas las instituciones del Estado, deben promover una sociedad, que priorice la libertad del individuo, a la par de desarrollar un proceso educativo que se adapte a sus propias necesidades, posibilidades y capacidades.
Adicionalmente, se tiene entendido que la educación se desarrolla en función de un proceso continuo, conformado por dos subprocesos paralelos que ejecutan un conjunto de actividades mutuamente relacionadas (y concurrentes), gracias a la interacción docente-discente, con el propósito de transmitir (enseñanza) y recibir (aprendizaje) conocimiento respectivamente. Sin embargo, para lograr un valor agregado (estado final-estado inicial) en todo paradigma educativo “es exigible la interacción y participación simultanea de los tres elementos claves: profesor-contenidos-estudiantes”.  
En particular, los contenidos en la estructura curricular (columna vertebral del proceso educativo), representan el caudal de saberes, conocimientos y prácticas, que son esenciales para el diseño de planes de estudio pertinentes. Por ende, dentro de este escenario, un pilar fundacional lo constituye el “Centro de Recursos para el Aprendizaje” (CRA), o conocida tradicionalmente como biblioteca (del griego biblión, libro, y teke, caja), la cual es una institución “creada con el propósito de permitir a todos obtener provecho de las realizaciones del hombre, conservadas, registradas y transmitidas por medio de la escritura (OEA, 1.982).
Ahora bien, en la realidad social que compartimos “todos” los venezolanos (a), existe una creciente “percepción” o cierta “creencia”, que “algunos” problemas económicos y sociales que nos azotan, como por ejemplo, la especulación “salvaje” del siglo XXI que representa la actividad “estéril”  del “bachaqueo” (en todas sus versiones y modalidades), es consecuencia de la aplicación de desacertadas y contradictorias políticas económicas: implantación de sistemas de precios diferenciados con altos márgenes de ganancias. Pero así mismo, en el plano educativo, en el escenario descrito en la sección de opinión del Diario La Nación (18-02-2.015), “La UNET antes del Simadi”, existe  un escenario de “sobreutilización de la capacidad instalada” y de “cierre técnico”, que genera anomalías, como la relativa a la disfuncionalidad  e insalubridad de su biblioteca ( desde hace más de 3 años). (b); (c).
(a) En un dilema perenne entre el consumo cortoplacista o la estabilidad a largo plazo: “pan para hoy y hambre para mañana” o “sacrificarse hoy para vivir con holgura en el futuro”.
(b) Cumpliendo con lineamientos del INPSASEL, en el año 2.012, por un monto de Bs.17 millones (más de 50 millones en la actualidad), la UCV inició un plan integral de remodelación, desinfección, prevención, mantenimiemiento y operatividad de su biblioteca.
(c) A la par de las gestiones de sus autoridades, el compromiso de sus trabajadores, y del noble voluntariado estudiantil, pro recuperación del CRA-UNET, es viable: crear una fundación; recopilar firmas; recurso de amparo TSJ; 2da parte del ”Teleradio Maratón”; etc.
Pedro Morales. Economista. Docente Universitario.  @tipsaldia 


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