“Crisis humanitaria, crisis humana o emergencias políticas complejas” (IV)
Las “Emergencias Políticas Complejas” involucran un componente económico, que para el caso venezolano se plasma en el siguiente cuadro sintomático (no exhaustivo):
1) La información estadística oficial acerca del comportamiento de las variables macroeconómicas no se presenta de manera veraz y oportuna. Considérese por el ejemplo el caso del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), donde la metodología aplicada subvalora el gasto en alimentos por parte de los venezolanos (menos del 40 %), tergiversando de esta forma el verdadero nivel de la tasa de inflación, que para el caso venezolano superara con creces el 800 % para el 2016; 2) No obstante la subestimación del nivel general de precios, la Unidad Tributaria (UT) esta desajustada en relación a la inflación, tal cual lo establece el marco normativo vigente. Para el 2016 la UT tendría que ubicarse realmente en aproximadamente Bs.1.218, 22 y nunca los Bs. 177,00 como está establecido oficialmente;
3) La manifiesta tendencia regresiva remunerativa de todos los trabajadores venezolanos: el salario mínimo está por debajo del salario mínimo vital (artículo 91 de la Carta Magna) o una familia con cinco integrantes necesita más de 300.000 bolívares mensuales para vivir dignamente y no caer en el estado crítico de pobreza; 4) La devaluación recurrente: Simadi inició el 12-02-2015 con el tipo de 170,0390 bolívares por dólar, y hoy en día la tasa es de 641,07 bolívares (aumento de 277,01 %). Sin embargo, solamente considerando la caída estrepitosa de las reservas internacionales (dado el derrumbe en los precios del petróleo), el aumento continuado de la liquidez monetaria y la situación de “economía de puertos” que persiste en el país, la relación o tipo de cambio real (entre el bolívar y el dólar), recurrentemente seguirá devaluándose en contra de la moneda nacional;
5) El debilitamiento continuado del signo monetario nacional: un “bolívar débil” ante una carencia de dólares y una inflación indetenible. Ante esta situación, la opción urgente que se está asumiendo, para resguardarse de la anulación de las funciones del bolívar (reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago) y para protegerse de la pérdida del poder adquisitivo y de la descapitalización patrimonial, es utilizar el crédito bancario (dada la tasa de inflación negativa), comprar (o nunca vender) bienes inmuebles o duraderos (tal como un apartamento), adquirir divisas “fuertes”, etc., 6) El abandono de la infraestructura económica, social y política (capacidad productiva, aparato agrícola e industrial, vías de comunicación, plataforma hospitalaria, base educativa, etc.); 7) La destrucción del aparato productivo nacional: la escasez y desabastecimiento de absolutamente todo. Incluso en el mismo “mercado negro”: si el producto se logra encontrar, debe pagarse 80 o 100 veces su precio;
8) La consecuente “hiper-estanflación” (altos y continuados niveles de inflación, desempleo, estancamiento) dentro de una espiral decadente e involutiva. “Lo que hoy tiene un precio, en el día de mañana supera altamente su precio y su valor” (de manera infinita); 9) La indefinida declaratoria del Estado de Excepción o “Emergencia Económica”, la cual no garantiza el “Derecho a la Propiedad” o la “Libertad Económica”, que en la práctica representa una “Inseguridad Jurídica” que coarta la inversión privada;
10) Finalmente, para el caso de la economía nacional universitaria, de acuerdo a estimaciones previas, el gasto de funcionamiento (GF) debe incrementarse en al menos tres veces, el cual, respetando los justos incrementos salariales (S) de sus trabajadores, pueda ubicarse en una relación económica de equilibrio de 60% (GF) a 40% (S). Asimismo, partiendo de una política “inadecuada” e inconstitucional por parte del Gobierno nacional, la pérdida de valor de los presupuestos universitarios y la descapitalización agravada de la infraestructura universitaria, a causa de la devaluación recurrente e hiper-estanflación, que han atentado contra la adecuada ejecución de los “Planes de Desarrollo Integral” de las universidades, se requiere que se le restituya o invierta más de 3 mil millones de dólares.
(Pedro Morales). Docente Universitario pmoral@unet.edu.ve ; @tipsaldia
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