Diario La Nación: El CRA de la UNET también es víctima de políticas económicas desacertadas.(22-04-2.015)
A la luz de los
aspectos teoricos y empíricos que se evidencian en la “Gobernanza inteligente para el siglo XXI”
(Berggruen & Gardels, 2.013), útiles para encarar con efectividad los retos
que impone la globalización, el sector público se puede concebir como el ente
responsable de la gestión institucional de toda la estructura del Estado, el
cual tiene entre sus funciones, la aplicación de políticas económicas (compatibles
y acertadas) con el fin de generar
estabilidad, seguridad, certidumbre y bienestar sostenible a la sociedad: a
favor de la gobernabilidad. Complementariamente,
partiendo de las nociones de Max Weber (1.864-1.920), las políticas económicas,
como parte del ordenamiento jurídico que propugna el derecho público, definen
el diseño y accionar de un plan (estratégico, pertinente y sinérgico por
naturaleza) para regular, redirigir, normar y disciplinar el proceso económico.
Además, este conjunto
de estrategias, tácticas y acciones, también conocidas como economía aplicada o
economía normativa, establecen su radio de cobertura en función de la relación
(ética y moral) entre fines, objetivos e instrumentos. Donde a través de la
instrumentación de políticas en el ámbito fiscal, monetario o cambiario, se
permitan alcanzar logros en sintonía con una educación integral y continua (en
lo que respecta a la formación, capacitación y desarrollo del talento humano)
de una nación, básicas para favorecer la diversificación de la economía
generadora de empleo productivo, el creciente poder adquisitivo de la población,
y en definitiva, el progreso hacia el desarrollo sostenible.
Importante agregar, que
en un sentido antropológico e incluso desde un plano ético filosófico, la
necesidad de una educación (del latín educare) de calidad (equitativa,
pertinente, eficaz y eficiente), y el consiguiente deseo de educarse son
inherentes a la condición originaria del humano, y han constituido un perfil prominente
desde el mismo origen de los tiempos. Desde esta perspectiva, la sentencia de Simón
Bolívar en el Congreso de Angostura (1.819), es contundente al manifestar que:
“moral y luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras
primeras necesidades”. Es decir, todas las instituciones del Estado, deben
promover una sociedad, que priorice la libertad del individuo, a la par de
desarrollar un proceso educativo que se adapte a sus propias necesidades,
posibilidades y capacidades.
Adicionalmente, se tiene entendido que la educación se desarrolla
en función de un proceso continuo, conformado por dos subprocesos paralelos que
ejecutan un conjunto de actividades mutuamente relacionadas (y concurrentes), gracias
a la interacción docente-discente, con el propósito de transmitir (enseñanza) y
recibir (aprendizaje) conocimiento respectivamente. Sin embargo, para lograr un
valor agregado (estado final-estado inicial) en todo paradigma educativo “es
exigible la interacción y participación simultanea de los tres elementos
claves: profesor-contenidos-estudiantes”.
En particular, los contenidos en la estructura curricular
(columna vertebral del proceso educativo), representan el caudal de saberes,
conocimientos y prácticas, que son esenciales para el diseño de planes de
estudio pertinentes. Por ende, dentro de este escenario, un pilar fundacional lo
constituye el “Centro de Recursos para el Aprendizaje” (CRA), o conocida tradicionalmente
como biblioteca (del griego biblión, libro, y teke, caja), la cual es una
institución “creada con el propósito de permitir a todos obtener provecho de
las realizaciones del hombre, conservadas, registradas y transmitidas por medio
de la escritura (OEA, 1.982).
Ahora bien, en la realidad social que compartimos “todos” los
venezolanos (a), existe una creciente “percepción” o cierta “creencia”, que “algunos”
problemas económicos y sociales que nos azotan, como por ejemplo, la
especulación “salvaje” del siglo XXI que representa la actividad “estéril” del “bachaqueo” (en todas sus versiones y
modalidades), es consecuencia de la aplicación de desacertadas y
contradictorias políticas económicas: implantación de sistemas de precios
diferenciados con altos márgenes de ganancias. Pero así mismo, en el plano educativo,
en el escenario descrito en la sección de opinión del Diario La Nación
(18-02-2.015), “La UNET antes del Simadi”, existe un escenario de “sobreutilización de la
capacidad instalada” y de “cierre técnico”, que genera anomalías, como la relativa
a la disfuncionalidad e insalubridad de
su biblioteca ( desde hace más de 3 años). (b); (c).
(a) En un dilema perenne entre el consumo cortoplacista o la
estabilidad a largo plazo: “pan para hoy y hambre para mañana” o “sacrificarse
hoy para vivir con holgura en el futuro”.
(b) Cumpliendo con lineamientos del INPSASEL, en el año
2.012, por un monto de Bs.17 millones (más de 50 millones en la actualidad), la
UCV inició un plan integral de remodelación, desinfección, prevención,
mantenimiemiento y operatividad de su biblioteca.
(c) A la par de las gestiones de sus autoridades, el
compromiso de sus trabajadores, y del noble voluntariado estudiantil, pro recuperación
del CRA-UNET, es viable: crear una fundación; recopilar firmas; recurso de
amparo TSJ; 2da parte del ”Teleradio Maratón”; etc.
Pedro Morales. Economista. Docente
Universitario. @tipsaldia
Documento relacionado:
"La UNET antes del Simadi" http://tipsaldiatwitter.blogspot.com/2015/02/la-unet-antes-del-simadi.html
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