Constituyente 1999, parlamentarias 2005, emergencia económica 2016…
El Poder Legislativo es una pieza clave en la construcción del ordenamiento jurídico, por ende el 4 de diciembre de 2.005 no sólo significó un simple acto de votación donde salieron electos diputados para la Asamblea Nacional, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino. Este proceso electoral define un momento histórico que representa un importante punto de inflexión en la dinámica de la sociedad venezolana, pero que lamentablemente algunos actores políticos no interpretaron correctamente al decidir el retiro de las elecciones (con campaña por la abstención), basando el argumento que existían circunstancias adversas que atentaban contra la transparencia y la credibilidad del proceso.
No obstante, motivado a este retiro de la mayoría de los candidatos (posiblemente calculaban que disminuiría la representatividad y legitimidad de los diputados elegidos) y de invertir recursos para hacer campaña negativa para que el electorado se abstuviera de asistir al acto de votación, el sector oficialista ganó la totalidad de los escaños del parlamento. Con la consecuencia que el Ejecutivo Nacional nunca tuvo el impedimento para disponer de toda una estructura legislativa que le permitió transformar la plataforma jurídica venezolana a su antojo y conveniencia para consolidar su modelo económico-político: con las implicaciones negativas sobre todas las instituciones y dimensiones de la sociedad.
Sin duda, el debilitamiento continuo de las instituciones, ha representado el “epicentro del movimiento sísmico con características devastadoras” sobre todas las dimensiones de la sociedad, que en esencia se circunscribe dentro del mas grave problema que hoy se padece, como es la crisis de valores o anomia: “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”.
Consecuentemente, en términos generales se tienen suficientes evidencias que verifican en efecto que las instituciones han venido incumpliendo con su misión esencial o simplemente sus valores están invertidos, tal cual como el que se referencia en la inaceptable argumentación inconstitucional e inmoral que justificó la decisión de paralizar o suspender definitivamente el Referéndum Revocatorio (consagrado en el artículo 72 de la Carta Magna): que en un sentido amplio significaba una oportunidad para recuperar la institucionalidad, la reconstrucción y la reconciliación en nuestro país.
Así mismo, para nadie es un hecho aislado que Venezuela está impregnada de una compleja turbulencia de problemas crónicos en lo económico, político, jurídico, social, moral, ético e institucional, que ha impedido alcanzar la ansiada estabilidad y bienestar duradero. Por ende resulta oportuno caracterizar (no exhaustiva) dicho escenario conflictivo:
i) Falta de autonomía de los poderes del estado que afecta la institucionalidad y la gobernabilidad; ii) Pobreza y manifiesta tendencia regresiva remunerativa de todos los trabajadores: el salario mínimo está por debajo del salario mínimo vital (artículo 91 de la carta fundamental); iii) Proliferación de estructuras monopólicas de tipo “heterodoxa”; iv)Implementación del “marxismo cultural” que atenta en contra del sistema de valores morales y éticos de la sociedad; v)Violación sistemática de los derechos humanos; vi) Creciente corrupción; vii) Desequilibrios macroeconómicos recurrentes; viii) Potencial condición de hambruna ;ix)Abandono de la infraestructura económica, social y política(capacidad productiva, aparato agrícola e industrial, vías de comunicación, plataforma hospitalaria, base educativa, etc.); ; x)Destrucción del aparato productivo nacional: la escasez, desabastecimiento y la consecuentes “hiperestanflación” (inflación, desempleo, estancamiento) dentro de una espiral decadente e involutiva; etc.
Pero en lo particular, el colapso de la economía venezolana se ha venido agravando por la ruptura del “hilo constitucional” (casi 20 años en proceso) el cual se avizora con las estratagemas ( fórmula matemática o “kino” electoral por ejemplo”) que antecedieron y rodearon la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 1999, se deslinda drásticamente con las elecciones parlamentarias en diciembre 2005, y arrecia trágicamente desde enero de 2016 cuando se declara oficialmente la “Emergencia Económica”.
Lastimosamente la crisis multidimensional que padecemos continuará intensificándose con fuerza, si en definitiva el “diálogo sincero , las voluntades coherentes y las acciones trasparentes” de los actores políticos, no rompen de una vez por todas con la insensata e irracional postura de dar prioridad al mantenimiento del “statu quo” y las cuotas de poder: en perjuicio de resolver de forma definitiva los críticos problemas de los venezolanos (poder adquisitivo, alimentación, medicinas, seguridad, etc.).
Por tanto, se reitera nuevamente el “llamado cívico a la integración de todos los Poderes, Instituciones y Organizaciones del Estado venezolano para que contribuyamos a reconformar un Pacto Social basado en la conciencia humanitaria y la sensatez ciudadana, y no en la fuerza de las armas y la irracionalidad de la violencia”. No se trata de generar y aprobar una nueva Constitución cada vez que exista una “emergencia política compleja” en función de las variadas ideologías que se enfrentan, o a las aparentes diferencias insalvables de cualquier tipo que puedan existir, aquí el pensamiento, sentimiento, verbo y acción que debemos reivindicar y hacer prevalecer se fundamenta en la ética, la coherencia, la sensatez y el sentido común a favor de la nación.
Sin embargo, a priori y sin equilibrio racional-emocional, no se descarta ninguna opción a participar y promover todo lo que permita “la legitimación de todos los poderes públicos a través de algún mecanismo constitucional”.Pero además, nuevamente enunciamos de manera categórica que de nuestra parte nunca renunciaremos a ninguna posibilidad que represente un potencial bienestar sustentable para nuestro país y la institución universitaria.
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