FAPUV DECLARA EMERGENCIA UNIVERSITARIA (Comunicado)

FAPUV DECLARA LA EMERGENCIA UNIVERSITARIA

Y HACE UN LLAMADO A LA ACCIÓN

En noviembre del año 2015, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) acordó el regreso a las aulas de clase siempre y cuando se cumpliera con las condiciones y acuerdos establecidos con las autoridades universitarias representadas por la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) y el gobierno nacional, representado por el entonces Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ing. Manuel Fernández.

Este acuerdo fue posible gracias a la importancia que FAPUV le da al diálogo como mecanismo indispensable para el impulso de las políticas públicas y para la solución de los conflictos.

Pero hoy la situación de conflicto universitario tiende a agravarse, debido al incumplimiento de esos acuerdos por parte del gobierno nacional.

FAPUV en su reunión ordinaria de Junta Directiva de 29 y 30 de marzo pasado, acordó declarar la EMERGENCIA UNIVERSITARIA y el impulso de un PLAN DE ACCIÓN.

Algunos referentes para la valoración de la EMERGENCIA UNIVERSITARIA son:

·  Recursos insuficientes para salvaguardar el derecho a la salud de todo el personal.

·  Depreciación continua y acelerada de los sueldos.

·  Situación deficitaria del “Presupuesto Académico” con merma en las asignaciones para investigación, extensión y docencia.

·  Partidas casi inexistentes para cambios de dedicación, ascensos y reposición de cargos.

·   Entrega tardía de las asignaciones para salud, salarios, providencias estudiantiles y gastos de funcionamiento.

·  Desequilibrio y déficit de la capacidad instalada en relación con el número de estudiantes que ingresan.

·  Precaria disponibilidad para cubrir las becas de estudio, el servicio de comedor y de transporte estudiantil.

·  Exclusión en el presupuesto de compromisos financieros de las actas convenio.

·  Desmantelamiento de las universidades por la acción impune del hampa.

·  La Universidad venezolana funciona gracias los grandes sacrificios de parte de los universitarios y aparenta una normalidad institucional inexistente.

·  El derecho a la gratuidad de la enseñanza comienza a vulnerarse pues se pretende descargar sobre los estudiantes la dotación de los insumos necesarios para su formación, colocando a los alumnos de menos recursos en condición de minusvalía.

A esto se suma la dramática situación de escalada de los precios, carestía, empobrecimiento y crisis humanitaria de salud que vive la Nación. Hoy, la realidad nos da la razón sobre la tabla salarial que propusimos y defendimos, pues teníamos consciencia del fenómeno hiperinflacionario que se nos avecinaba. Nuestra postura, al no firmar la IICCU, no era política era en defensa de la calidad de vida de todos los universitarios. FAPUV se quedó sola en esa lucha, porque factores políticos prevalecieron sobre los gremiales. Es obligación de los universitarios levantar su voz de protesta. 

Es por eso que FAPUV hace un LLAMADO A LA ACCIÓN a sus agremiados y a los demás gremios universitarios y acuerda:

1.Pronunciamiento de la Federación sobre la situación actual declarando la “Emergencia Universitaria”.

2.Asamblea general de profesores de todas las universidades, el mismo día y a la misma hora, lapso durante el cual quedarán suspendidas las actividades.

3.Realizar una Reunión Extraordinaria del Consejo Superior de la Federación, para discutir la “Situación Nacional de las Universidades en el contexto político-social que vive el país”.                  

4. Presentación de un Acta Compromiso con la AVERU para la defensa conjunta de la universidad y los derechos laborales consagrados en los diversos instrumentos contractuales.

5. Promover un gran encuentro nacional de todas las organizaciones gremiales, sindicales y civiles para elaborar un plan de lucha en defensa de la vida.

6.  Apoyar la desincorporación de los Profesores de sus actividades de clase si no reciben el pago de su salario en el momento previsto.

7. Que cada Asociación de Profesores acuerde con sus respectivas autoridades universitarias, un horario de contingencia en función de las condiciones de cada Universidad.

8. Si en un plazo perentorio no hay respuesta práctica por parte del gobierno nacional, anunciaremos e impulsaremos nuevas medidas de radicalización del conflicto.

Aprovecho esta oportunidad, que me brindan los medios de comunicación, para recordar al nuevo Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza Monserrat, el Artículo 51 de la CRBV: “Toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta”.

Sr. Ministro, desde el mes de enero, cuando Usted fue designado, hemos enviado 3 comunicaciones a su Despacho solicitando Audiencia y dos al CNU solicitando derecho de palabra, y aún no nos han dado respuesta.

Además, el día 10 de marzo de 2016. La Federación introdujo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una Acción de Nulidad por inconstitucionalidad de Normas, contra el Artículo 31 del Decreto Ley del ISLR, aprobado por el Presidente Maduro, vía Habilitante, en el año 2014, conjuntamente con Amparo Constitucional como protección a los Derechos Colectivos e Intereses Difusos de los Profesores Universitarios, en el entendido que el patrimonio familiar de los profesores ha sido afectado con el cobro indebido del ISLR.

                                                                                                                        Nuestra intención fue, que el máximo órgano de administración de justicia proveyera todo lo conducente a la obtención con prontitud de la decisión judicial que restableciera de manera inmediata la situación jurídica infringida y restituyera el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales conculcados con fundamento en los Artículos 26 y 27 de la CRBV que contempla el amparo de los derechos de incidencia colectiva.

Parece que el TSJ solo da celeridad a la materia en contra de la Asamblea Nacional (AN), pero no atiende las solicitudes de defensa de los derechos de los trabajadores. Pasó semana santa y se venció el tiempo para la declaración y pago del ISLR, y hoy 07 de abril, aún no han dado curso al Recurso de Amparo que se introdujo el 10 de marzo.                            

                                                                                                      

JUNTA DIRECTIVA DE FAPUV