Alternativa de solución a la tragedia nacional
Alternativa de solución a
la tragedia nacional
Parte I. “Salario Mínimo Vital”: mandato
constitucional (artículo 91).
No se debe seguir dando legitimidad ni legalidad al salario mínimo
gubernamental debido a que en esencia es inconstitucional por violentar en
particular el artículo 91 de la Carta Magna que establece el “Salario Mínimo
Vital”. Entonces lo que debemos posicionar es un salario mínimo muy superior
a los 190 millones de bolívares (de acuerdo a la tendencia del INPC según los
propios criterios de ponderación del BCV) o de más de 300 millones de
bolívares en función del valor de la canasta alimentaria presentada por el
CENDAS-FVM. Pero en cualquier caso nunca los 3 millones de bolívares que
pretende el gobierno seguir haciendo como
oficial y cierto.
Parte II.
“Esclarecimiento de los problemas…”: mandato LU (artículo 2).
“Dado el mandato establecido en la Ley de Universidades (LU), presentar
por parte de FAPUV en las diferentes instancias gremiales, gubernamentales y en
general del Estado venezolano donde sea posible:
a)
La
metodología del Índice de Poder Adquisitivo Pertinente (IPAP) como una
alternativa viable, factible y sustantiva de solventar los desequilibrios a
nivel individual de los trabajadores y de la economía a nivel macro;
b) La propuesta de un Plan Integral de Reconstrucción
Universitaria (PIRU) con impacto positivo sobre la reconstrucción y
reactivación del país”.
Parte III. Agravamiento y solución de
la problemática nacional: IPAP-PIRU
En la teoría de los ciclos económicos las alzas y bajas son normales y
hasta rutinarias en la actividad económica. No obstante para el caso venezolano
la tendencia negativa se mantendrá de forma indeterminada, pero no
necesariamente por culpa de los contrabandistas, los gestores de los centros de
acopio de combustible o por otros agentes económicos, sociales y políticos que
obtienen su bonanza o burbuja económica al administrar a sus conveniencias el “hambre” del pueblo; es decir, manipulan la escasez del dinero en efectivo y
loa productos de primera necesidad a través del juego perverso que ejercen con la
inflación y devaluación para obtener ganancias extraordinarias a costa de la pobreza y miseria del resto de
la sociedad.
Y cuando se afirma que no son los culpables directos o de raíz es porque
ellos también son consecuencia del modelo imperante, o en otras palabras se han
aprovechado del enorme vacío y
desorientación de la “Economía Política” implementada en el país, la cual en
esencia se ha manejado y aplicado de
forma contradictoria, y en todo caso ha sido producto de la preponderancia de
las “trampas éticas” o de la “antiética en la política” por parte de diferentes
sectores, los cuales le han dado prioridad a sus objetivos individuales en
detrimento del beneficio y calidad de vida real de toda la población venezolana
de manera integral y permanente en el tiempo.
Adicionalmente, es un hecho cierto y verídico que el gobierno nacional
aplicó la metodología del miedo y de la criminalización de la protesta, pero
también los supuestos líderes de la oposición desgastaron con falsas
expectativas el accionar cívico de los venezolanos. Entonces son las “leyes
económicas las que harán justicia”. Con los mismos patrones insensatos de
conducta se han sembrado rutinas malsanas en el sistema multidimensional del país,
que son tan análogas como aquel conjunto de eventos que van conformando una
tormenta perfecta o la fatalidad indetenible de un tsunami; y lamentablemente
en nuestra situación con afectación directa sobre todos los eslabones de la economía y con mayor grado
de irreversibilidad en lo social y ético.
Porque si en esencia nada ha cambiado y por el contrario todo lo perjudicial
se ha arraigado, entonces no existen razones para que se neutralice y revierta
el actual panorama de tragedia nacional, al contrario todo seguirá agravándose:
soledad y tristeza es la constante que se distingue con crudeza y crueldad de
manera absoluta en todo el país.
Sin embargo, la alternativa de solución se afinca en cambiar la
orientación de la Economía Política. En tal sentido, entre las resoluciones
emanadas de la
reunión de Junta Directiva de FAPUV realizada el 19-07-2018 se acordó ( https://bit.ly/2A2B9H2 ):
“Dado el mandato establecido en la Ley de
Universidades, presentar por parte de FAPUV en las diferentes instancias
gremiales, gubernamentales y en general del Estado venezolano donde sea posible:
a)
La
metodología del Índice de Poder Adquisitivo Pertinente (IPAP) como una
alternativa viable, factible y sustantiva de solventar los desequilibrios a
nivel individual de los trabajadores y de la economía a nivel macro;
b) La propuesta de un Plan Integral de Reconstrucción
Universitaria (PIRU) con impacto positivo sobre la reconstrucción y
reactivación del país”.
Pedro Morales. Docente Universitario. pmoral@unet.edu.ve; @tipsaldia
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