¿Van a parar las Universidades? De la asfixia presupuestaria al cierre técnico

 

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Plantear en pleno año 2026 la interrogante de si las universidades venezolanas van a parar o encaminarse hacia un cierre, constituye una evidente falacia analítica que devela un profundo desconocimiento de la realidad institucional. Para la sociedad y la opinión pública, es imperativo comprender que la universidad —en sintonía con el proceso de desestructuración que ha sufrido el país— no se encuentra ante la amenaza de un colapso futuro, sino en un estado de cierre técnico materializado y prolongado desde hace más de una década. Atribuir el concepto de "normalidad" a la educación superior actual solo por el hecho de mantener las puertas abiertas, es ignorar que los soportes macroeconómicos y operativos que garantizaban la excelencia académica fueron pulverizados de manera sistemática.

A partir de este marco referencial, desde la perspectiva de la ciencia económica, el presupuesto universitario dejó de ser el órgano vital de planificación para convertirse en una ficción contable. Históricamente, hitos cambiarios como la implementación del SIMADI en 2015 marcaron el punto de inflexión donde la capacidad real de las asignaciones en divisas se contrajo críticamente, condenando a las instituciones a funcionar muy por debajo de su Mínimo Nivel de Operatividad (MNO).

Sobre la base de esta premisa de contracción, al sobrepasarse el umbral negativo de la Ley de los Rendimientos Decrecientes, variables estructurales como la sobreutilización de una capacidad instalada obsoleta, la deserción forzada del talento humano —que abarca tanto a la planta profesoral como al personal administrativo y obrero— y la supresión de las providencias estudiantiles, arrastraron a baluartes como la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) a un punto de cierre técnico.

Al historiar esta dinámica de contracción, si bien la primera parte del siglo XXI estuvo marcada por un crecimiento sostenido de la matrícula y la aparición de nuevas carreras, la asfixia presupuestaria y la conflictividad nacional mermaron con severidad esos avances; un declive exacerbado por una compleja crisis económica y social que, agravándose año tras año en el transcurso de estos 26 años, ha configurado una tormenta perfecta sobre el país y, por ende, ha repercutido de manera directa e irreversible sobre la institución.

No obstante, frente a este repliegue histórico, en la actual fase postpandemia se observa una paradójica tendencia al incremento en la demanda de la matrícula estudiantil; un repunte que vuelve a presionar a la institución sin que se hayan resuelto, bajo ninguna circunstancia, las distorsiones de fondo en infraestructura, salario y presupuesto. De este modo, la asfixia sistemática ejecutó el quiebre operativo mucho antes de que la dinámica universitaria se detuviera por completo.

A la luz de estas consideraciones económicas, el verdadero drama no radica en una eventual suspensión de actividades gremiales, sino en la flagrante transgresión del espíritu y la letra de la Ley de Universidades. Al erosionar de forma crónica e inducida el poder adquisitivo del salario de toda la comunidad laboral universitaria —generando una indigna plusvalía donde el profesorado y los trabajadores técnicos, administrativos y de servicio terminan subsidiando la educación a expensas de su propia subsistencia— se anuló la capacidad del Estado para dignificar la investigación, la docencia y la extensión.

Por consiguiente, e hilvanando esta realidad jurídica, denunciar el estado actual de la academia no es una postura de alarma coyuntural; es dejar constancia histórica de que la universidad, tal como la concibe la ley y la misión civilizatoria, fue clausurada en sus capacidades sustantivas desde el momento en que se destruyó su autonomía financiera y su dignidad socioeconómica.

Es oportuno precisar, en este punto del análisis, que no se trata, bajo ninguna circunstancia, de soslayar la gravedad de la crisis que asfixia el bolsillo del capital humano. La remuneración salarial en Venezuela ha sufrido un proceso histórico de precarización institucionalizada, exacerbado por recientes decretos de ingresos que, lejos de ser responsables, califican como decisiones irresponsables que atentan directamente contra la vida y la subsistencia de los trabajadores venezolanos y, por ende, de los universitarios. La remuneración justa es el soporte vital de los hombres y mujeres que dinamizan la academia desde sus diferentes roles técnicos, operativos y académicos.

Sin perjuicio de lo anterior, e integrando una visión macroestructural, evaluar a la universidad exclusivamente a través de la variable salarial o gremial sería un reduccionismo conceptual; lo que verdaderamente está en juego es la supervivencia de la Universidad como institución fundamental del Estado. El salario es el motor que dignifica al trabajador —docente, administrativo u obrero—, pero la universidad es el faro institucional e intelectual cuya destrucción trasciende cualquier coyuntura distributiva, pues compromete el destino mismo del saber y de la sociedad.

Desde una perspectiva historiográfica y documental, este prolongado estado de asfixia material se encuentra fehacientemente documentado en la propia historia institucional. Resoluciones del Consejo Universitario de la UNET, tales como la CU 026/2015 —que declaró la emergencia universitaria ante la necesidad perentoria de sincerar, cualificar y cuantificar la crisis— y la posterior CU 032/2016 —que ordenó un análisis exhaustivo de los daños, desviaciones y distorsiones generados por esta crisis deliberada e inducida—, demuestran que el colapso estructural no es una hipótesis, sino un hecho corroborado.

En este orden de ideas, resulta palmario que, la contracción presupuestaria ha operado como un agente exógeno de degradación que erosiona la médula misma de la institución: sus procesos académicos y administrativos fundamentales. Si una institución de educación superior pierde la capacidad de ejecutar y anunciar estos procesos esenciales, sufre una mutación ontológica; deja de ser, en esencia y derecho, una universidad, y tendría que ser denominada de otra manera, pues se habría desvanecido la universalidad de su propósito.

Por otra parte, para ensanchar el horizonte de la discusión, comprender la magnitud de esta desestructuración, es éticamente imperativo trascender la simple visión corporativa o gremial y adentrarse en la dimensión sistémica de la organización universitaria. No estamos discutiendo aquí sobre las reivindicaciones del personal académico o del personal administrativo como estamentos individuales; nos referimos a los constructos procesales que definen la existencia de la academia.

A tal efecto, importa precisar que los procesos académicos constituyen la razón de ser e identidad de la universidad; engloban la generación, cultivo, integración y difusión transdisciplinaria del conocimiento a través de la docencia de pregrado y postgrado, la investigación científica y la extensión comunitaria. Por su parte, los procesos administrativos representan la plataforma logística, financiera, tecnológica y normativa que viabiliza la operatividad institucional. La relación entre ambos es de estricta codependencia funcional: los procesos administrativos sustentan, blindan y dotan de factibilidad material a la labor de los procesos académicos. Sin esta simbiosis, la praxis universitaria resulta impracticable.

Orientando la mirada hacia la dimensión epistemológica, resulta imperativo delimitar el debido equilibrio entre la dimensión cuantitativa y cualitativa de la vida universitaria, pues un error de enfoque desvirtúa la esencia misma de la institución. La universidad no puede ser medida ni evaluada reduccionistamente a través de variables volumétricas: el número creciente de estudiantes matriculados, la cantidad de semestres forzados al año, el censo de unidades de transporte activas o el inventario de bandejas servidas en el comedor. Si bien la gestión institucional tiene la obligación ineludible de optimizar estos recursos logísticos, ellos son apenas el medio y no el fin.

En consonancia con este postulado teleológico, la verdadera naturaleza de la universidad radica en velar por el aspecto cualitativo: la formación integral y la excelencia académica. El éxito de una casa de estudios no se calcula por la cantidad masiva de egresados que arroje anualmente al mercado, sino por la calidad ética y profesional de esos ciudadanos que se insertan en la sociedad. Son ellos quienes, al reflejar resultados favorables y transformadores en sus campos de acción, proyectan y validan la verdadera imagen y trascendencia de la institución ante el mundo.

Como derivación fáctica de este desajuste sistémico, la manifestación más evidente y dolorosa de la ruptura de este equilibrio es la destrucción de la infraestructura física y tecnológica, la cual ha avanzado al mismo ritmo que el arraigo de la crisis económica. La parálisis forzada de proyectos emblemáticos y la imposibilidad de mantener laboratorios, aulas y sistemas de conectividad no constituyen simples daños estéticos o inmobiliarios; representan la mutilación del entorno donde los procesos administrativos deben sustentar la ejecución académica.

Como correlato de esta devastación material, la falta absoluta de recursos ha degradado los espacios físicos hasta convertirlos en el reflejo material del punto de cierre técnico. Al destruirse la infraestructura, se fractura el canal donde convergen la administración y la academia, provocando un daño antropológico y científico que compromete severamente no solo el presente de la institución, sino la reserva intelectual de la región y del país.

A modo de corolario analítico y ante la paradoja institucional presente, hacer un diagnóstico de los procesos académicos implica reconocer que el verdadero peligro del "paro" universitario no radica en una huelga sindical. El verdadero y silencioso paro es el que provoca la obsolescencia técnica y el éxodo forzado del personal docente, así como del personal administrativo y obrero, quienes completan la comunidad laboral universitaria afectada por salarios de subsistencia.

Frente a este severo cuadro de iliquidez y vulnerabilidad del talento humano, resulta un contrasentido y un peligro institucional proyectar o intentar crear nuevas ofertas —como la carrera de Economía— desconociendo la economía universitaria, la brecha latente entre una demanda creciente de matrícula estudiantil y una oferta mermada de personal académico, y los requerimientos normativos mínimos. Por lo tanto, la prioridad fundamental de gestión debe ser, inequívocamente, la consecución y administración de recursos para que las carreras existentes se reactiven, fortalezcan y superen el severo quiebre de sus procesos académicos y administrativos.

En sintonía con esta postura axiológica, sincerar, cualificar y cuantificar la crisis —tal como lo demandan los principios de la Ingeniería de la Economía Humana— es el primer paso obligatorio. La universidad no se detiene por consignas o discursos coyunturales; se apaga cuando se destruye la dignidad institucional e intelectual de la casa de estudios que hace posible la trascendencia del saber.

Al final, el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María triunfará.

 

Pedro Morales
Economista (ULA). Profesor Titular de la ULA y la UNET. Misión eucarística para la liberación espiritual: «Economía de la salvación y de la felicidad verdadera».  Correo: pedromoralesrodriguez@gmail.com